A vueltas con los trenes del 11-M

En relación con los atentados de 2004, ciertos medios esgrimen periódicamente titulares presentados con tantos aspavientos como vacuidad en su contenido. En ocasiones, logran incluso que alguna figura pública se atragante con sus buñuelos y la excitación alcanza cotas tragicómicas. Es lo que parece haber ocurrido recientemente con el supuesto redescubrimiento de un vagón del 11-M y la posterior reacción del fiscal general del Estado.

Como casi todo lo que tiene que ver con aquellos terribles hechos, el asunto viene enturbiado por una maraña de equívocos, medias verdades y mentiras completas que se repiten sin descanso. En lo que sigue, trataré de aclarar algunos puntos esenciales del hecho para que el lector interesado se forme su propio criterio.

En su día, la defensa de Rafá Zouhier solicitó realizar una inspección ocular de los trenes afectados por los atentados. Mediante providencia de 12 de junio de 2007, la sala enjuiciadora del 11-M le comunicó que “por RENFE se ha manifestado que el desguace se efectuó entre los días 13 y 14 de marzo de 2004”. No se sabe de dónde surgió esta información y es una lástima que Gómez Bermúdez, normalmente muy atento, la diera por buena y la incluyera acríticamente en su sentencia de 31 de octubre de 2007, porque comprobar su inexactitud era un ejercicio relativamente fácil. En el sumario (Tomo 80, folios 24.621 y 24.622), por ejemplo, consta un documento de la empresa Alstom en el que, a 24 de marzo de 2004, puede leerse que un determinado vagón “está siendo desguazado en el TCR de Villaverde”. A algunos periódicos les habría bastado con revisar su propia hemeroteca. Pero el dato era demasiado tentador y no tardó en propalarse en determinados círculos la especie de que los vagones de la tragedia se habían desguazado “en 48 horas”, con el añadido absurdo de que ello contravenía la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Más tarde, el Tribunal Supremo, al tiempo que desestimaba el motivo de casación de Rafá Zohuier basado en la denegación de esa prueba, por entender que en nada le afectaba, recordó que “los trenes y su estado fueron objeto de pericial y la inspección ocular sobre los mismos fue objeto de grabación” (sentencia de 17.7.2008). Sin embargo, y sobre la misma base incierta que la Audiencia Nacional, añadió el comentario de que podía “resultar sorprendente una tan apresurada destrucción”. Es curioso que muchos de quienes siguen citando esta observación inane sean los mismos que han estado y están empeñados en demostrar su falta de fundamento fáctico. Así, lo que ahora vienen a decir es que, después de todo, no era verdad que se hubieran destruido todos los vagones. Ahora resulta que alguno de ellos “se ocultó”, no se sabe muy bien por qué siniestra razón.

Sobre un dato erróneo se propaló que los vagones de la tragedia se habían desguazado en 48 horas

Pero no era la primera vez que el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre la destrucción de los trenes. El asunto estaba zanjado desde mucho tiempo antes. En octubre de 2006, el sindicato Manos Limpias interpuso una querella contra el juez Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, aduciendo que la destrucción de los vagones del 11-M podría ser constitutiva de diversos delitos. El Tribunal Supremo, mediante auto de 1.12.2006, archivó la querella. En lo que ahora interesa, el máximo intérprete de nuestra legalidad ordinaria declaró:

“a) A lo largo de las actuaciones obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales, sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas. b) En el Tomo 145 del Sumario, folios 53.799 y ss. obra un completísimo informe conjunto de expertos de TEDAX y GUARDIA CIVIL, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por razones técnicas. c) La conservación y destino de los vagones en cuestión —una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias— corresponde a su legítimo propietario (RENFE), que además cuenta con lugares apropiados para ello.”

Los trenes se devolvieron a su propietario, que hizo con ellos lo que consideró oportuno

Efectivamente, y en contra de lo que se dice con demasiada frecuencia, los trenes del 11-M no son pruebas, sino, acaso, escenas del delito. Como tales, ninguna ley obligaba a mantenerlos incólumes una vez que policía y juez instructor habían extraído de ellos la información que precisaban y que está ampliamente documentada en el sumario. De modo que, la próxima vez que vuelvan a leer o escuchar que se destruyeron los vagones “infringiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, pueden estar seguros de que se hallan ante un charlatán o alguien gravemente desinformado.

Entonces, ¿por qué siguen dándole vueltas periódicamente a esto de la chatarra? Porque a algunos no les gusta la información extraída de los trenes. En realidad, todo tiene que ver con el asunto de los explosivos de la matanza. Sobre esta cuestión pueden escribirse centenares de páginas y algunos estamos literalmente en ello, pero aquí no puedo más que ofrecer unas brevísimas pinceladas. Por desgracia debo omitir toda discusión sobre la contaminación de las muestras, los lavados con agua y acetona, los protocolos imaginarios y multitud de otros aspectos plagados igualmente de lugares comunes falaces.

Básicamente, lo que muchos han estado tratando de establecer durante años es que el explosivo “de los trenes” fue distinto del explosivo “de fuera de los trenes”. Es decir, la Goma 2 ECO hallada en la mochila de Vallecas, en la Kangoo, etc., es falsa, colocada allí por oscuros agentes de la policía y/o los servicios secretos nacionales y/o extranjeros para dar un vuelco electoral (léase golpe de Estado). Pero en los trenes estalló en realidad otra cosa (Titadyn, normalmente con la coletilla: "la dinamita de ETA"). Estas afirmaciones se basan en un grave equívoco que se repite como un mantra infatigable. Es cierto que, como señala la sentencia redactada por Gómez Bermúdez, “no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes”, pero, pese a lo que se escucha insistentemente, eso no es una anomalía del 11-M, sino lo normal. Algunos comentaristas consideran que esa indefinición es aberrante y que es culpa de algunos policías (en particular, del fementido Sánchez Manzano). Entienden que, si los focos de la explosión los hubiera analizado la policía científica y no los Tedax; si se hubieran recogido más restos; si se hubieran conservado los efectos de las víctimas; si se hubiera hecho esto, lo otro o lo de más allá, se habría podido determinar la marca del explosivo empleado en los trenes de forma indubitada. Pero todos los expertos en explosivos de la policía y de la Guardia Civil que han declarado en los diversos procedimientos han señalado que esto es una falacia: sobre la base exclusiva de unos restos explosionados no es posible determinar la marca comercial, porque en la explosión desaparecen algunos componentes y, aun cuando se tuviera la fortuna de detectar cualitativamente todos ellos, algunas marcas usan los mismos y sólo varían sus proporciones. Pero en restos post-explosión, sin sustancia intacta, no cabe hacer análisis cuantitativos de cuyo resultado pueda inferirse la composición del explosivo entero. Y eso no depende de que haya ocho u ochocientas muestras. Es una imposibilidad técnica. Salvando las distancias, es como empeñarse en que, si se hacen más y mejores fotografías de un objeto, podrá averiguarse su olor.

En definitiva, como dijo el Tribunal Supremo hace años, en el sumario constan los estudios de los trenes (incluido el vagón ahora resucitado) y sus resultados. Con las muestras de los focos se llegó hasta donde era posible llegar técnicamente: dinamita. Los trenes se devolvieron a su propietario, que hizo con ellos lo que consideró oportuno. Nada de cuanto en este asunto hay de relevante es nuevo. Y nada de lo que se pretende hacer pasar por nuevo es relevante.

Pablo Lledó Callejón es licenciado en Derecho y máster en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. En la actualidad realiza una tesis doctoral sobre el 11-M.