"Ciertos grupos neonazis pueden considerarse terroristas"

El fiscal especial de delitos contra el odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha charlado con los lectores de EL PAÍS

J. G. B. Barcelona 23 NOV 2011 - 19:37 CET

El fiscal especial de delitos contra odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha trazado hoy con los lectores los límites difusos entre la libertad de expresión y el llamado "discurso del odio". "El odio es un sentimiento que no es delito, afortunadamente. Solo es delito lo que el legislador ha querido que sea: difundir mensajes o discursos entre la población que objetivamente pongan en peligro a personas o colectivos por motivos discriminatorios". Aguilar ha destacado que las herramientas legales para perseguir esos delitos no son las adecuadas. Preguntado por los lectores de EL PAÍS en una entrevista digital, Aguilar ha expresado su preocupación por los atentados de Oslo y por la actuación, impune durante 14 años, de una célula neonazi en Alemania. "No es exagerado considerar a ciertos grupos neonazis como terroristas (...) suponen un peligro para la convivencia y la democracia".

Aguilar ha defendido que las agresiones "motivadas por el odio y el desprecio a la dignidad de las personas" deben ser investigadas de forma "profunda" y deben tener una respuesta "contundente y rigurosa". El fiscal ha asegurado que el Código Penal "no debe ser un texto perenne", sino ajustarse permanentemente "a los sucesivos cambios que una sociedad plural, diversa y compleja como la nuestra exige". Su reforma es "indispensable", ha explicado, para "una persecución más eficaz de los delitos motivados por el odio y la discriminación". Aguilar ha defendido el trabajo de los jueces y fiscales aunque ha admitido que, en ocasiones, "falta la adecuada formación".

Los lectores se han interesado por el partido ultra de Josep Anglada, Plataforma per Catalunya (PxC) sobre el que pesan diversas investigaciones. Preguntado por si debe ilegalizarse el partido, ha comentado que la ilegalización de un partido político "es una excepcionalidad en un estado democrático" y corresponde decidirlo al Tribunal Supremo. Aguilar ha destacado su "profundo respeto al principio de legalidad" y ha asegurado que "los límites entre la libertad de expresión o la libertad ideológica o de conciencia no son fáciles de establecer". Bajo ningún concepto, ha dicho, la libertad de expresión debe amparar discursos que encierran ua hostilidad a las personas por razones de raza, origen, orientación sexual o religión, entre otros motivos.

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Miguel Ángel Aguilar, fiscal especial contra el odio de Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ

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