Patentes contra pacientes

Este artículo ha sido escrito por nuestra colaboradora Suerie Moon, profesora e investigadora de Salud Pública en la Universidad de Harvard:

En noviembre de 2011 el mundo debería celebrar el aniversario de un consenso político histórico: hace ahora diez años, los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron que la salud pública debía tener prioridad sobre las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, y que los gobiernos debían promover el acceso de todos a los medicamentos. Este acuerdo (conocido como laDeclaración de Doha sobre ADPIC y Salud Pública)fue una respuesta al clamor internacional contra el elevado precio de los tratamientos contra el VIH-SIDA y los efectos perversos de las reglas globales de propiedad intelectual en el acceso de millones de personas pobres a medicamentos esenciales.

¿Qué son las reglas de propiedad intelectual? Cuando la OMC fue creada en 1994, los países miembros acordaron un tratado conocido como ADPIC: Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Este tratado exigía que los 153 miembros de la OMC aplicasen estrictas reglas nacionales sobre propiedad intelectual, incluyendo una protección de 20 años para las patentes sobre medicamentos. Cuando ADPIC entró en vigor a mediados de los 90 muchos países en desarrollo tuvieron que introducir en sus legislaciones nacionales estas reglas. Las medidas bloquearon la competencia y permitieron a un grupo de monopolios imponer precios exorbitantes para los medicamentos, que quedaron fuera del alcance de la mayoría.

Grupos de la sociedad civil y expertos en salud comenzaron a dar la voz de alarma sobre el ADPIC y el modo en el que encarecería los precios de los tratamientos, limitando su acceso a unos pocos ricos y afortunados. La respuesta de los funcionarios de comercio fue que el ADPIC contenía suficientes "flexibilidades", de modo que los países en desarrollo podrían aplicar las nuevas reglas sobre propiedad intelectual y aún así proteger la salud pública. El hecho, sin embargo, es que las grandes compañías farmacéuticas dispusieron un ejército de abogados dispuesto a cuestionar cualquier uso de esas flexibilidades.

El conflicto llegó a su punto máximo en marzo de 2001, cuando una demanda de las principales compañías contra el Gobierno de Sudáfrica provocó una verdadera indignación internacional y cambió los términos del debate.Cuando los miembros de la OMC se reunieron en Doha pocos meses después, el terreno ya estaba preparado para la Declaración sobre ADPIC y Salud Pública. La nueva norma permitía a los gobiernos saltarse las patentes de los medicamentos cuando sus poseedores estableciesen precios demasiado altos o por muchas otras razones, como por ejemplo crisis de salud pública.

Desde entonces hemos visto algunos progresos significativos, particularmente en el caso del VIH-SIDA, donde la competencia de los genéricos ha desplomado los precios de los medicamentos un 99%, permitiendo el acceso de seis millones de pobres al tratamiento contra esta enfermedad. Por otro lado, más de 60 países han utilizado las flexibilidades del ADPIC, casi siempre para acceder a tratamientos genéricos más baratos contra el VIH-SIDA.

Desgraciadamente, diez años después muchos de estos mismos retos continúan. Nueve millones de enfermos siguen esperando los medicamentos contra el VIH-SIDA que podrían salvar sus vidas, y muchos otros necesitan acceder a tratamientos nuevos y más caros para los que no existen versiones genéricas por la protección de las patentes.

Y el SIDA no es el único caso en el que las reglas de propiedad intelectual han fracasado a la hora de ofrecer soluciones para la mayoría: con la excepción de Tailanda, que tuvo la valentía de utilizar las flexibilidades del ADPIC también para reducir los precios de los tratamientos contra el cáncer y las enfermedades vasculares, el progreso global en el acceso a medicamentos contra el VIH-SIDA no parece haberse trasladado a otras enfermedades.

Esta misma semana, durante laAsamblea General de la ONU,Jefes de Estado y ministros de salud de todo el mundo se darán cita en la Cumbre sobre Enfermedades No Transmisibles para tratar el problema creciente de patologías como la diabetes, el cáncer olas enfermedades mentales y del corazón. Estas enfermedades suponen una carga cada vez mayor para todos los países, ricos y pobres, pero muy especialmente para las regiones en desarrollo que todavía luchan contra la malnutrición, la malaria o la mortalidad materna, problemas directamente relacionados con la pobreza. Los gobiernos que participan en la cumbre han estado negociando undocumento que debería incluir compromisos firmes para garantizar el acceso a medicamentos contra enfermedades no transmisibles. Sin embargo, la Unión Europea, EEUU y Canadá se han opuesto -con éxito hasta ahora- a cualquier mención de la declaración de Doha en este documento, lo que supone un monumental paso atrás con respecto a 2001.

Desgraciadamente, la batalla alrededor de este documento es solo un ejemplo más del modo en que se intenta restringir la flexibilidad que contiene el ADPIC. En la entrada de mañana les contaremos algunos casos más y les propondremos un modo de echar una mano.