La red de corrupción vinculada al PP

El PP pide inhabilitar a Garzón entre 10 y 20 años

El escrito, apoyado de recortes de prensa, argumenta que el magistrado "suplanta la ley" conscientemente al no inhibirse.- Rajoy afirma que la querella es "de libro"

ELPAÍS.com Madrid 25 FEB 2009 - 11:44 CET

Hasta 20 años de inhabilitación. El Partido Popular (PP) ha cumplido finalmente con sus amenazas al juez Baltasar Garzón y ha presentado esta mañana una querella criminal (consulta en pdf) ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por prevaricación en la causa que instruye en torno a la presunta red de sobornos empresariales que ha salpicado a los populares en al menos Valencia y Madrid. El PP defiende en su escrito que el magistrado de la Audiencia Nacional incumple la ley al no haber traspasado aún la causa a los tribunales superiores de esas dos comunidades como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de febrero ante la presencia de aforados entre los investigados en la Operación Gürtel. El PP añade a la prevaricación un delito contra los derechos individuales de los ciudadanos y pide una pena de "inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años". El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy en Orense que la querella contra Garzón es "de libro", al no haberse producido la inhibición y haber incurrido con esta actitud en "una reiterada conducta manifiestamente injusta a sabiendas".

La querella del PP, apoyada de recortes de prensa y que llega 48 horas después del plazo previsto en el ultimátum lanzado la pasada semana, es el último coletazo de la batalla abierta de la formación política contra las actuaciones del juez Garzón para investigar la supuesta trama de corrupción con vínculos en instituciones bajo su gobierno. El texto de la querella defiende que el artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal da un plazo a Garzón de tres días para inhibirse debido a la presencia de aforados en la causa. El escrito sostiene que el magistrado conoce la ley y la petición de la Fiscalía para su inhibición y que, por tanto, "sólo con una decisión consciente de suplantar la ley por la propia voluntad se puede justificar un mantenimiento de una competencia indebida".

El PP denuncia además que, a pesar de que ya el 13 de febrero, Garzón abrió la puerta a la implicación de aforados en la investigación, hecho este que le obligaría a inhibirse, el magistrado ha continuado con los interrogatorios a los imputados dentro de las diligencias previas.

Cacería y personación

La querella del PP incluye una mención a la cacería en la que coincidieron Garzón y el ya ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y que desencadenó el cese de este último. La cacería fue también uno de los argumentos manejados por el PP en el escrito de recusación presentado ante la Audiencia y sin valor alguno debido a que el propio magistrado desestimó la personación de los populares en la causa. Contra esta decisión, el PP también carga en la querella. Finalmente, la querella solicita al Alto Tribunal su admisión a trámite y pide en cuyo caso el interrogatorio de Garzón y la toma de declaración del ex ministro Bermejo, la fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado y el comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Juan Antonio González.

El traspaso de la causa a los juzgados competentes -al menos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia- permitiría la apertura del secreto de sumario y el conocimiento de qué cargos del PP están imputados por su implicación en la red de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional pidió el pasado viernes al servicio de reprografia del juzgado tres juegos de copias de las actuaciones para iniciar el proceso de inhibición. No obstante, una subida de tensión ha demorado la decisión.

El PP ha protestado de igual modo ante la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial por la violación del secreto de sumario de la causa y su consiguiente indefensión.

El presidente de la Sala Penal del Supremo, ponente de la querella contra Garzón

El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, es el ponente de la querella del PP contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según el turno preestablecido en el alto tribunal, informa JULIO M. LÁZARO.

La querella, por supuestos delitos de prevaricación y contra los derechos de los ciudadanos, quedó registrada a primera hora de esta mañana en el Tribunal Supremo. A partir de ahora, la Secretaría de Causas Especiales examinará si el escrito reúne todos los requisitos, entre ellos el de estar acompañada de poder notarial para querellarse, y de ser así, se remitirá al Ministerio Fiscal para que informe sobre competencia y fondo. Es decir, para que el fiscal dictamine que la competencia corresponde al Tribunal Supremo al estar aforado el juez Baltasar Garzón, y si en la querella ve indicios de materia delictiva. En caso contrario, si el fiscal considera que los hechos no tienen relevancia penal, el ponente podría decidir el archivo de la querella sin más trámites.

Si el fiscal entiende que en los hechos puede haber indicios de delito, y el ponente así lo estima, se nombrará un instructor también de entre un turno preestablecido, que será el encargado de tomar declaración al juez Garzón e instruir el proceso contra el magistrado.

En cuanto a la exposición razonada que el magistrado elevará el Tribunal Supremo al haberse conocido la implicación de parlamentarios nacionales en la Operación Gürtel, la Sala de admisión prevista para este trimestre está integrada por el presidente Juan Saavedra y los magistrados Joaquín Giménez y Francisco Monterde. De ampliarse a cinco magistrados entrarán en el tribunal de admisión Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero. Se trata de una sala ideológicamente muy equilibrada, con un presidente de centro, dos magistrados conservadores y dos progresistas. La sala decidirá si se queda toda la causa o sólo la parte que, en su caso, corresponda a los aforados. Pero antes de la admisión, la exposición razonada del juez pasará asimismo a informe del fiscal sobre competencia y fondo.

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