Roma ignora las normas europeas

Hace 16 días, cuando el Banco Popular fue resuelto (es decir, intervenido por las autoridades europeas) y vendido por un euro al Santander, todo fueron felicitaciones por lo bien que funcionó el mecanismo de la Unión Bancaria. Desde el BCE, al Sistema Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución, así como el Eurogrupo, se aplaudieron mutuamente por la rapidez y limpieza del procedimiento. Lamentaron que los accionistas y bonistas del Popular lo hubieran perdido todo, pero, dijeron, estas eran las nuevas reglas de juego: los contribuyentes ya no rescatarían bancos en Europa sino que lo harían los accionistas e inversores. Se desvinculaba así (por fin) el riesgo bancario de la capacidad financiera del Estado al le quebraba la entidad.

Dos semanas después, le ha tocado a Italia afrontar la quiebra de Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza y el panorama ha cambiado. Ya no se aplicarán las mismas reglas que con el Popular: la excusa es que no son bancos en “resolución” sino en “liquidación” (porque su caída no afecta al sistema bancario en su conjunto, aunque tienen 60.000 millones en activos). En Italia no se imponen las normas europeas sino las italianas. Eso supone que el Gobierno de Roma inyectará unos 17.000 millones, aunque algunas autoridades europeas creen que pueden llegar a los 20.000 millones, para evitar que los bonistas senior del Veneto y del Popolare lo pierdan todo. Además, dividirán los activos en un banco bueno y otro malo. El bueno se lo han regalado a Intesa Sanpaolo con salvaguardas, como el pago de las prejubilaciones, para no tener que ampliar capital. Esas protecciones no existieron en el caso del Santander, que sí anunció una ampliación de capital de 7.000 millones para digerir la absorción del Popular y asumió los riesgos futuros que puedan aflorar.

 Tras esta venta, mañana funcionarán los bancos venecianos, pero se abre un negro panorama para los contribuyentes italianos que asumirán la deuda y la morosidad del banco malo, saltándose algunos principios de la UE. A cambio, Roma evitará el enfrentamiento con los bonistas de los bancos, que son pequeños clientes que pudieron comprar esta deuda sin conocer el riesgo. Es una situación muy similar a la de los preferentistas españoles de 2012.

Cinco años después de la crisis bancaria española (cuya factura provisional es de 60.000 millones, según el FROB), Italia toma el mismo doloroso camino como si nada hubiera cambiado en Europa. Tras años de negación del problema, Italia ya no tiene bancos fuertes que puedan comprar sin ayudas. Y pronto llegará Monte Dei Paschi. Por eso, pasa la factura a los contribuyentes, que asumen los problemas de los banqueros. Las flamantes nuevas normas europeas hacen agua precisamente en el país de Mario Draghi, presidente del BCE. La lección es que los Estados ricos se pagan sus rescates bancarios, si quieren. Ahora será más difícil convencer a los alemanes de que apoyen el fondo común de resolución de bancos. La alegría de las autoridades europeas apenas ha durado quince días.