Uno de cada diez municipios subió su deuda en 2015. ¿Qué hizo el tuyo?

El 76% de los ayuntamientos españoles redujo o congeló la deuda pública municipal durante la pasada legislatura del PP, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda correspondientes a 2015. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012, ha funcionado como un corsé para los municipios. El Gobierno del PP obligó durante la pasada legislatura a las corporaciones locales a practicar una estricta dieta de austeridad para que redujeran sus números rojos. Las entidades locales son las únicas administraciones que registran, desde 2012, superávit de sus cuentas públicas.

Los datos divulgados el pasado viernes por Hacienda permiten hacer por primera vez un balance completo sobre las finanzas municipales a lo largo de la pasada legislatura. El conjunto de corporaciones municipales, diputaciones y entidades locales menores rebajaron la deuda el año pasado hasta los 35.147 millones de euros, un 0,8% menos que en 2011, cuando se celebraron las anteriores elecciones municipales. La deuda acumulada por los municipios a finales del año pasado es la menor de todo el periodo analizado. Solo el año pasado disminuyeron su pasivo un 8%.

Madrid fue el municipio que ha amortizado una mayor porción de créditos y préstamos entre 2011 y 2015. Ha reducido su deuda en 1.580 millones de euros, uno de los ejercicios de desapalancamiento más radicales, según admiten desde Hacienda. Casi todas las grandes capitales también aligeraron sus compromisos financieros pero no con tanta intensidad como la capital. Barcelona fue la segunda ciudad que más bajó sus créditos (253 millones); Valencia los redujo en 175 millones y Málaga, en 160 millones. De entre los grandes municipios, de más de 250.000 habitantes, Zaragoza, Palma de Mallorca y Bilbao fueron los únicos que elevaron su deuda. Aunque destaca Zaragoza porque ha elevado su deuda en 312,6 millones al aflorar el año pasado contratos de colaboración público privada para la construcción del tranvía durante la exposición del agua de 2008. Lo cierto es que el grueso de los ayuntamientos ha tratado de sanearse en los últimos años. 3.345 municipios redujeron su deuda durante el periodo y otros 2.821 la congelaron durante los cuatro años de la pasada legislatura. El resto, 1.958 Ayuntamientos, se endeudó aún más.

Madrid, la que más rebajó

Un vistazo a la deuda por habitante revela que el municipio barcelonés de Aguilar de Segarra y el navarro de Leatxe fueron los que más la disminuyeron, cerca de 2.500 euros menos por vecino durante el periodo de análisis. Entre las grandes ciudades Madrid (427 euros por habitante menos), Málaga (284 euros menos por vecino), Córdoba (235 euros), Valladolid (229 euros) y Valencia (206 euros) son los que más bajaron la deuda por habitante desde 2011.

Los datos revelan como en 2012 aumentó la deuda municipal en más de 6.500 millones de euros, al aflorar miles de facturas ocultas, por el plan de pago a proveedores. Desde entonces, los consistorios han estado sometidos a un ayuno obligatorio.

Los alcaldes vivieron como una época dorada el periodo comprendido entre 2000-2007. El boom del ladrillo proveía de dinero a raudales a los municipios, que se lanzaron a construir polideportivos, centros de convenciones, parques y otras obras que en algunos casos no eran estrictamente necesarias. Pero también comenzaron a reforzar los servicios sociales y a cubrir aquellas necesidades ciudadanas a las que las comunidades no llegaban. Gran parte del andamiaje social que prestaban los consistorios se ha desmontado en los últimos cuatro años.

La grave crisis financiera que ha azotado a España y ha descalabrado sus cifras llevó al Ejecutivo popular, ahora en funciones, a construir un armazón legal para restringir el gasto público y constreñir la deuda de las administraciones públicas. La ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012, la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada en 2013, y los mecanismos de financiación como el plan de pago a proveedores y los sucedáneos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para los ayuntamientos han contribuido a poner en estricta dieta las cuentas municipales.

El resultado es que desde 2012 las administraciones locales han registrado superávits presupuestarios que han servido de colchón para las desviaciones de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.