Sacyr eleva los sobrecostes del Canal de Panamá a 3.220 millones de euros

El consorcio encabezado por Sacyr que construye el nuevo canal de Panamá ha elevado las reclamaciones por sobrecostes a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) hasta los 3.481 millones de dólares (3.220 millones de euros), cerca del doble de la cantidad de 1.625 millones de dólares que reclamaba hace dos años, cuando se paralizó la obra, y por encima de los 3.118 millones de dólares que ofreció en la oferta con la que ganó el concurso. Es decir, que si se atendieran estas reclamaciones el coste para Panamá de las obras duplicaría el presupuesto inicial.

Así consta en la última memoria de la Autoridad del Canal de Panamá, que se ha publicado estas navidades. Dicha revelación ha motivado la reacción airada de asociaciones de comercio y empresariales panameñas que han exigido al Grupo Unido por el Canal (GUPC) el consorcio que lidera Sacyr con el 41,6%, que deje al margen sus reclamaciones desorbitadas y concluya el tercer juego de esclusas en abril de este año, tras más de año y medio de retraso.

En esa línea, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, anunció el pasado sábado que la inauguración de la ampliación del canal de Panamá se celebrará en mayo próximo, y emplazó al consorcio constructor a cumplir con sus compromisos. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada o la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, entre otras organizaciones, han pedido al GUPC que finalice la obra.

El proyecto de ampliación está ejecutado en un 96%, pero el consorcio amenazó con demorar la obra otros seis meses si la ACP no acelera los pagos pendientes. La junta de resolución de conflictos (DAB o Dispute Adjudication Board por sus siglas en inglés) ha resuelto nueve conflictos, de los cuales en cinco ha dado la razón al consorcio constructor y en otros cuatro a la Autoridad del Canal.

No obstante, de los 803 millones de dólares que reclamaba la GUPC en esos cinco contenciosos, la entidad arbitral solo le ha reconocido 283,3 millones. La DAB es una de las tres instancias establecidas en el contrato para resolver diferencias entre las dos partes y está integrada por un representante de GUPC, otro de la ACP y el tercero, escogido por ambos.

A finales de 2013, el GUPC (integrado por Sacyr, Impregillo, Jan de Nul y Cusa) paralizó las obras tras reclamar 1.625 millones de dólares por sobrecostes sobrevenidos que la Autoridad del Canal se negó a reconocer dando lugar a un conflicto, que alcanzó el ámbito diplomático haciendo precisa la intervención del Gobierno español. Desde entonces, la cantidad reclamada se ha duplicado.