El juez ordena el bloqueo de todas las cuentas bancarias de Rodrigo Rato

Enrique de la Hoz, juez de guardia que asumió el jueves pasado la causa contra Rodrigo Rato a instancias de la Fiscalía de Madrid, ordenó este viernes a todas las entidades financieras de España que bloqueen las cuentas y productos financieros a nombre del ex presidente de Bankia.

La Fiscalía acusa a Rato de fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes basándose en un informe elaborado por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre movimientos sospechosos por parte de sociedades propiedad de Rodrigo Rato.

El juez, a petición de la fiscalía, envió ayer por la tarde a la patronal bancaria, la Asociación Española de Banca (AEB), a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), la orden del bloqueo de las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones, así como otros productos financieros, cuyo titular sea Rodrigo Rato, según explicaron a EL PAÍS fuentes financieras. Estas consideran que se trata de una medida muy drástica que estrecha el cerco sobre el patrimonio del exvicepresidente de Gobierno del PP en la etapa de José María Aznar.

Rato explicó ayer a este periódico que no tiene sociedades en paraísos fiscales ni en ningún otro país fuera de la Unión Europea y que en los últimos 13 meses no ha llevado a cabo operaciones de venta de patrimonio, descartando así que pudiera haber cometido un alzamiento de bienes —ocultar su patrimonio para evitar que sea embargado—.

Tras el escándalo por la detención de Rato y el registro de su domicilio y su despacho del barrio madrileño de Salamanca, el Gobierno señaló ayer que la nueva causa judicial abierta contra el ex vicepresidente económico tiene su origen en "un asunto particular" sin relación con el cargo público que desempeñó. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaria destacó que la Agencia Tributaria "funciona con independencia del momento o lugar, haya o no elecciones, o si afecta a un político de uno u otro partido". El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por su parte, detalló que la operación judicial que desencadenó los registros es consecuencia "de una investigación que se lleva desde hace bastante tiempo" sin relación con la llamada amnistía fiscal a la que se acogió Rato.

El caso nació de una investigación que llevó a cabo el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, que presentó una denuncia en la fiscalía de delitos económicos de Madrid tras detectar "movimientos sospechosos" en las cuentas del exvicepresidente del Gobierno. El fiscal Carlos García Berro, tras constatar el informe de los expertos en antiblanqueo, decidió cursar una denuncia en el juzgado, avalada por sus superiores jerárquicos en la fiscalía de Madrid, y ordenar el inmediato registro de las propiedades de Rato.

Las primeras inspecciones de su vivienda y su despacho profesional en el centro de Madrid han dado frutos, según las fuentes consultadas y pistas sobre el destino del dinero. Entre las más de 15 cajas de documentos requisadas hay "papeles y archivos informáticos de valor", cuyo volcado en los soportes de los investigadores retrasó ayer los registros. Los agentes de Aduanas reclamaron durante los dos últimos días a Rato documentación de sus empresas que se remonta a varias décadas atrás.

El propio exvicepresidente volvió ayer a su despacho profesional, ya en libertad, para supervisar las actuaciones de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, un organismo adscrito a la Agencia Tributaria. Con traje y corbata y un rostro tranquilo, Rato evitó responder las preguntas de los periodistas apostados ante el semisótano del barrio de Salamanca y recordó que el caso está sigue bajo secreto de sumario.

Los movimientos del patrimonio familiar del también exministro de Hacienda de Aznar es solo de uno de los hilos del que tiran los investigadores que también quieren saber el origen de algunos de los fondos ocultos a Hacienda. "Todo empezó por una investigación fiscal", señala una de las fuentes que está al tanto de las pesquisas. El delito de alzamiento de bienes que le atribuye el ministerio público está relacionado con un presunto intento de ocultar propiedades para evitar que estas puedan ser confiscadas en hipotéticos embargos.

Como máximo responsable de Bankia, Rato afronta una reclamación desde el pasado marzo de 133 millones de euros por parte de los nuevos gestores de la entidad pública, que intentan recuperar así (hay peticiones similares a otros tres exdirectivos) la fianza de 800 millones de euros que le impuso un juzgado de Madrid por falsear las cuentas en su salida a Bolsa. Esa emisión de acciones derivó en una cascada de reclamaciones por parte de los accionistas cuando se supo que la entidad estaba quebrada cuando empezó a cotizar en bolsa. De no recibir ese dinero, tras el requerimiento notarial, los sucesores de Rato al frente de Bankia amenazan con los tribunales.