La justicia cerca al exministro Rato
Fuentes de la investigación aseguran que se centran en un "complejo entramado familiar" La fiscalía acusa al ex ministro de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes
El exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía y Hacienda, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia, el padre del milagro económico del PP, Rodrigo Rato, fue detenido ayer en su casa de Madrid poco después de las cuatro de la tarde. Una quincena de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, entraron en su domicilio en pleno barrio de Salamanca por orden judicial tras una denuncia de la fiscalía, que le acusa de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Tras inspeccionar su vivienda y recopilar al menos cuatro cajas con documentación, los agentes policiales de la Agencia Tributaria introdujeron a Rato en un coche camuflado para recorrer apenas 200 metros, los que separan su casa del despacho donde trabaja. Allí se realizó un segundo registro, en presencia del propio Rato, que culminó pasada la medianoche. Todo, entre fuertes medidas de seguridad. La Policía Nacional desplazó a la zona dos furgones de la Unidad de Intervención Policial para evitar incidentes. No los hubo. Un par de vecinas, que se presentaron como votantes del PP, llamaron “sinvergüenza” al exministro. Y un jubilado se presentó con una pancarta que reclamaba “Justicia”.
La fiscalía, impulsora de la investigación y de los registros autorizados judicialmente, pidió su libertad y Rato pudo pasar la noche en casa cuando concluyeron las inspecciones, en las que tiene que estar presente. El arresto de uno de los políticos que más poder han acumulado en España —tras ser vicepresidente económico de Anzar fue director gerente del Fondo Monetario Internacional— se produjo después de que el fiscal de Madrid Carlos García Berro le atribuyese fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, un delito este último que persigue la ocultación de patrimonio que podría cubrir deudas o fianzas.
La denuncia del ministerio público se presentó ayer mismo tras varios días investigando la documentación aportada por la Agencia Tributaria. El titular del Juzgado número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, admitió el escrito que se dirige contra Rato y otras personas de su entorno familiar directo, entre las que se encuentra una hermana. En el mismo se requería el registro “inmediato” del domicilio, que el magistrado aceptó.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario. Fuentes de la investigación apuntan a que se centra en los negocios privados del exministro y no en las ganancias derivadas de su actividad pública. Otras fuentes indican que se trata de una investigación sobre negocios familiares, “un complejo entramado societario familiar”.
En los últimos seis meses, Rato ha viajado al menos tres veces a Suiza, la última de ellas este mismo mes de abril. El pasado diciembre, UPyD, que ejerce de acusación en el caso Bankia, en el que Rato está imputado por apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal, pidió prisión por riesgo de fuga.
Vigilancia Aduanera registró también ayer un bufete de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), en el marco de la misma investigación. Los policías realizaron la inspección en el despacho de abogados Plaza, donde requisaron documentos y ordenadores. El objetivo es averiguar si las relaciones entre el bufete y Rato “tienen que ver” con la investigación en marcha. Además, según las mismas fuentes, se produjo otro registro en el domicilio de un familiar del expolítico.
La denuncia de la fiscalía y la inspección de los inmuebles se produjeron después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. El también expresidente de Bankia pasó entonces a formar parte de los 705 investigados por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, a través. Rato se encuentra imputado en dos procesos judiciales: por la salida a bolsa de Bankia y por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y de Bankia. La operación de ayer no tiene nada que ver con ninguno de estos dos casos que investiga la Audiencia Nacional.
El Gobierno aseguró que los registros prueban que es “implacable” en la lucha contra el fraude, que el Estado de derecho funciona y que la ley es “igual para todos”. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y una comisión de investigación, tras el “escándalo” que a su juicio supone el registro de la vivienda del exvicepresidente, informa Fernando Garea.
El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, acudirá el próximo martes a la Comisión de Hacienda del Congreso para informar y “dar más tranquilidad” a la ciudadanía y aportar “transparencia” a la situación, según informó el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.
Fuentes de la fiscalía precisaron que, probablemente, el caso pasará a manos de la Fiscalía Anticorrupción, que seguirá con la investigación iniciada por la Fiscalía de Madrid.
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