El ‘crash’ de Rato

La detención de Rodrigo Rato, acusado por la fiscalía de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha causado una gran convulsión social y política. Los hechos se han precipitado desde que se conociera que el exvicepresidente económico con José María Aznar se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012. Ayer, agentes de Vigilancia Aduanera —un servicio policial que depende de la Agencia Tributaria— registraron su domicilio durante tres horas. El juzgado número 35 de Madrid firmó la orden de detención, a instancias de la Fiscalía de Madrid, que es quien sustenta esas acusaciones.

La primera respuesta a la detención tiene que ser lógicamente de estupor, muy parecida a la que provocó el anuncio de la fortuna de Jordi Pujol oculta en Andorra. Que un exvicepresidente económico deposite dinero en el extranjero sin declarar solo puede provocar el rechazo de los españoles. Rato acumula otros problemas judiciales (caso Bankia y tarjetas negras) que cuestionan su credibilidad ante los ciudadanos.

Rato fue una persona decisiva en los gobiernos del PP entre 1996 y 2004 y llegó a ser uno de los candidatos a suceder a Aznar. Su trayectoria pública alcanzó gran prestigio cuando fue nombrado director gerente del FMI, cargo que abandonó alegando “razones personales” nunca bien explicadas. Su imagen pública empezó a deteriorarse a raíz de su gestión como presidente de Bankia y el caso de las tarjetas negras, de gastos personales para consejeros y otros cargos de la entidad. En términos jurídicos, cabe pedir que la investigación judicial se ejecute de forma rigurosa y exhaustiva, como la que se aplicaría a cualquier otro ciudadano.

En términos políticos, las consecuencias para el PP pueden llegar a ser de una extrema gravedad. No fue Rato quien pagó la sede del PP con dinero negro ni quien ideó y ejecutó todo un sistema de financiación supuestamente ilegal del partido durante décadas. Es inútil argüir ahora que Rato ya no representa un poder en el PP; forma parte de una gestión de gobierno entre 1996 y 2004, mitificada en exceso desde Génova, y que hoy parece muy discutible.

Pero hay que hacerse otras reflexiones que no dejan en buen lugar al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria. ¿Por qué, entre 705 investigados por presunto blanqueo, se filtró recientemente el nombre del exgerente del FMI? El ministro Cristóbal Montoro tendría que dar respuesta a esta pregunta, con el fin de descartar que se trata de una vendetta partidista. Está en cuestión el uso correcto de la información tributaria. Lo correcto y conveniente es que se publiquen los nombres de todos los investigados, no solo de unos pocos.

Ahora se aprecian las consecuencias de la desafortunada amnistía fiscal aprobada por Hacienda. Una amnistía que no resolvió los problemas de las arcas públicas, sustituyó desventajosamente la inspección exhaustiva a la que está obligada la Agencia Tributaria y puso en clara desventaja a quienes pagaron y pagan sus impuestos.