Los excargos de Urbanismo de Barcelona irán a juicio por el hotel del Palau

La anterior cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por las irregularidades en la tramitación del proyecto de hotel del Palau de la Música. La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, ha dado por finalizada la investigación sobre el caso -una de las derivadas del saqueo de la institución musical perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull- y ha concluido que existen indicios suficientes como para mantener la imputación del exteniente de alcalde de Urbanismo Ramon García-Bragado y el exgerente de esa misma área Ramon Massagué con el PSC.

Los dos exresponsables políticos están imputados por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental. Además de Millet y Montull, también siguen imputados el arquitecto Carles Díaz, que se encargó de los trámites urbanísticos del hotel, y el director jurídico del Consistorio, Enric Lambies, quien supuestamente ocultó que las fincas en cuyo solar se iba a construir el hotel eran de titularidad privada. Massagué y Lambies han sido ratificados como técnicos de confianza con el gobierno de Xavier Trias.

La investigación se inició a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Barcelona, que acusaba a los exresponsables de Urbanismo de facilitar la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto al Palau y de ocultar que era una operación puramente especulativa que solo beneficiaba a un particular. El equipamiento no llegó a construise. Millet y Montull, según el auto judicial, aprovecharon su influencia para conseguir una recalificación urbanística que permitiese construir el hotel. La juez considera que la cúpula de Urbanismo, "de común acuerdo con Millet y Montull, y cediendo a las presiones de estos", les dio "un trato de favor".

El constructor Manuel Valderrama, de Olivia Hoteles, entregó a los saqueadores confesos del Palau 900.000 euros a cambio de su mediación. Pese a que el proyecto no salió adelante, Millet y Montull se apropiaron de ese dinero. La magistrada De Rosa sospecha que ambos pretendían quedarse también con los 3,6 millones de euros que el promotor debía entregar al Palau tras la aprobación definitiva.

La juez, que detalla diversas irregularidades administrativas -por ejemplo, en los convenios con la Generlaitat-, aborda también uno de los puntos más oscuros de la trama, como son los "claros indicios de presión" que ejercieron Millet y Montull sobre la exconcejal Itziar González, que era un "elemento molesto" para el proyecto, según la resolución.