El Gobierno cuestiona los sueldos de los directivos de las cajas con ayudas públicas

¿Tiene sentido que una treintena de directivos de cajas que ya son propiedad del Estado cobren más que el gobernador del Banco de España? ¿Son admisibles retribuciones millonarias para los directivos de entidades nacionalizadas o con ayudas públicas? ¿Son apropiados los sueldos del sector financiero? El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, deberá dar respuesta a ese tipo de preguntas en un informe que le va a solicitar Luis de Guindos, ministro de Economía -y hasta hace unas semanas consejero de una entidad financiera con ayudas públicas-.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Luis de Guindos se dirigirá por carta inmediatamente al Banco de España para que le dé su opinión sobre la adecuación de las retribuciones fijas y variables de altos cargos y consejeros de entidades financieras que han necesitado apoyo de dinero público. Fuentes del Ejecutivo precisaron después que en realidad Guindos pedirá información sobre las retribuciones de todo el sector financiero, aunque con particular foco en las entidades con ayudas.

El Gobierno tendrá a fin de mes el plan de consolidación del sector

Sáenz de Santamaría ha asegurado que de acuerdo con los datos del informe, "el Gobierno adoptará las medidas oportunas con el objetivo claro de que no se premie a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la situación de ser intervenidas o de necesitar dinero público para continuar llevando sus tareas".

Hay tres entidades nacionalizadas (Novacaixagalicia, Unnim y CatalunyaCaixa) y un banco intervenido (Banco de Valencia), pero otras muchas han recibido ayudas públicas, como las integradas en Banco Financiero y de Ahorros, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum o Caja España Duero.

Las retribuciones, pensiones e indemnizaciones millonarias de directivos de la CAM, Novacaixagalicia o Unnim han despertado un enorme rechazo social. El Banco de España ha exigido a las entidades con ayudas hacer públicas sus retribuciones. Por ejemplo, tres directivos de la nacionalizada Novacaixagalicia percibieron el año pasado 32 millones, según los datos publicados.

El objetivo del Gobierno es que esa situación no se repita y, en función del contenido del informe, Economía podría adoptar cambios legales para endurecer el régimen de retribuciones, como se ha hecho en otros países. Entre las funciones del Banco de España está la de asesoramiento al Gobierno en cuestiones financieras. En materia de retribuciones, tiene potestad para poner límites cuando pongan en riesgo la solvencia de las entidades, pero la responsabilidad sobre los sueldos corresponde sobre todo a los consejos de administración y a las asambleas de las cajas o las juntas de accionistas.

Además de la petición del informe al Banco de España, el Consejo de Ministros estudió ayer la situación del sector financiero y los problemas de canalización del crédito a la economía real. El Consejo acordó que se elabore un plan que permita consolidar el sistema financiero español, y que se presentará para su aprobación a finales de mes. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anticipó en una entrevista al Financial Times que calcula que el sector necesitará saneamientos adicionales de unos 50.000 millones por su exposición al sector inmobiliario. El Ejecutivo insistió ayer en que no se plantea la creación de un banco malo que agrupe los activos tóxicos del ladrillo con financiación estatal.