La UE abre un frente diplomático por las emisiones de los aviones

El Tribunal de Justicia de la UE respaldó ayer la inclusión de todos los vuelos que aterricen o despeguen en Europa en el comercio de emisiones de CO2, lo que supone que desde el 1 de enero todas las aerolíneas, incluidas las de fuera de la Unión, deberán pagar por sus emisiones. La polémica norma, con la que Bruselas avanza de forma unilateral en su lucha contra el cambio climático, puede abrir una guerra diplomática y comercial con EE UU, China e India -han pedido a sus aerolíneas que no paguen por la legislación europea- que, además, repecutirá en el viajero. Tarde o temprano, las aerolíneas repercutirán parte de sus gastos extra en el billete. La única duda es cuánto.

La comisaria de Acción del Clima, Connie Hedegaard, aplaudió la resolución. "Después del fallo cristalino de hoy [por ayer], la UE espera que las aerolíneas de EE UU respeten la ley europea, como la UE respeta las leyes americanas". El presidente del Comité de Cambio Climático del Parlamento Europeo, el alemán Jo Leinen, fue recientemente más lejos y llamó "arrogantes e ignorantes" a los legisladores de EE UU por intentar aprobar una legislación de última hora que impida a sus compañías someterse al sistema europeo. Esa norma ya ha pasado al Senado estadounidense.

La medida se impone a países exentos de reducir CO2 por Kioto

"El coste no es como para una fuga de las compañías", dice un experto

En 2003, la UE creó un sistema de comercio de emisiones de CO2, pero dejó fuera del mismo a aerolíneas y transporte marítimo. Esperaba que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) pusiera un tope a las emisiones. Tras años de espera, Bruselas ha decidido incluir a las aerolíneas. Varias compañías de EE UU y Canadá llevaron el caso ante un tribunal británico, que consultó con el Tribunal de la UE. Alegaban que la norma incumple convenios internacionales -entre ellos, el Protocolo de Kioto- y supone un gravamen encubierto al combustible.

Además, defendieron que vulnera el derecho internacional, porque aplica el régimen de derechos de emisión más allá de la Unión. El tribunal ha dado la razón a la UE y recalca que la medida solo afecta a las aeronaves que aterrizan o despegan en la UE, cuando los aviones están sometidos a la plena jurisdicción comunitaria. En un primer momento, las aerolíneas recibirán gratis el 85% de sus emisiones previstas y deberán comprar el resto. La asignación gratuita se reducirá a partir de 2013.

El pasado 16 de diciembre, la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, advirtió por carta de que ese país tomaría las "medidas apropiadas" si la UE seguía adelante con su plan. Desde Pekín, Brasilia o Nueva Delhi han llegado mensajes similares. Más de 20 países han firmado una carta en la OACI contra la directiva.

El Observatorio de Sostenibilidad de la Aviación, adscrito a Fomento, calculó en 2009 que las empresas españolas pagarían 70 millones al año en derechos. España ya ha asignado los derechos de emisión gratuitos a las aerolíneas. Iberia, por ejemplo, recibió 4,56 millones de toneladas para el año 2012. Suponiendo que eso cubra un 75% de sus emisiones, a la compañía le faltarían 1,5 millones en derechos. La publicación especializada Point Carbon eleva la cifra a 2,5 millones y fuentes del sector apuntan que está entre una y otra cifra. A un precio de unos 10 euros por tonelada, eso implica que para la compañía tendría un coste el año que viene de entre 15 y 25 millones de euros. El cálculo intenta dar un orden de magnitud del coste, ya que las empresas mantienen sus cifras confidenciales y cada una ha recibido un porcentaje distinto de asignación. Además, si han abierto nuevas rutas, por ejemplo, necesitarán comprar más.

El director asociado de la consultora Point Carbon, Andreas Aravanitakis, estima en un comunicado: "Esperamos que la carga de estar en el sistema de comercio de emisiones para el sector de la aviación ronde los 500 millones de euros". Según Aravanitakis, el coste subirá hasta los 9.000 millones a final de 2020.

Y el viajero lo notará. La Comisión Europea calcula que el coste para el pasajero será de entre dos y 12 euros por cada billete transatlántico. Para un vuelo entre París y Pekín, la emisión por pasajero es de 627 kilos de CO2. Así, el sobrecoste por pasajero sería 7,52 euros, pero Bruselas matiza que como la compañía recibe gratis un 85% del CO2, el sobrecoste real sería de 1,5 euros (aunque esos cálculos varían con la fluctuación del CO

2 en el mercado). Otros estudios cifran el sobrecoste entre tres y cinco euros por billete en un vuelo europeo.

César Velarde, director del Observatorio de la Sostenibilidad de la Aviación, adscrito a Fomento, explica que el sistema sigue lleno de incertidumbres: "India, por ejemplo, ha pedido a sus compañías que además de no pagar no envíen información a la UE de sus emisiones". Ante la posibilidad de que la obligación de pagar desplace vuelos fuera de la UE, Velarde afirma que es pronto: "El coste para las empresas no es suficientemente grande para que se produzca lo que se conoce como 'fuga de carbono".

Con la medida, la UE toma la iniciativa en la política contra contra el cambio climático. Las implicaciones son enormes porque en la práctica impone restricciones a vuelos de medio mundo (Europa sigue siendo un nudo imprescindible para la aviación) y a países hasta ahora exentos en Kioto de recortar emisiones. La aviación, que supone un 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, era uno de los pocos sectores que quedaban libres del control de emisiones. El siguiente en la lista es el transporte marítimo.