El Supremo reabre la causa contra Hernández por certificar en falso

En diciembre de 2008, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, entonces director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, avaló un certificado de finalización de una obra de la empresa Sercoysa a pesar de que apenas había comenzado. La constructora, de la que Hernández era hasta un año antes apoderado y director de construcción, ingresó así 331.629 euros por un trabajo que no había ejecutado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) archivó la causa en abril, pero llegan malas noticias para el conselleiro desde el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSdeG para decidir si abre juicio oral contra el conselleiro.

El alto tribunal decidirá el 15 de noviembre si juzga al conselleiro

La firma de Agustín Hernández benefició a una empresa en la que había trabajado

La decisión, adoptada el pasado viernes por la Sala Segunda del alto tribunal, acepta las alegaciones del PSdeG, secundadas por el fiscal del Supremo en un informe en el que reprobaba el "error claro" del TSXG y consideraba los hechos "un delito de falsedad en documento público". El Supremo señala para el 15 de noviembre la deliberación y decisión del caso, para entrar en el fondo del asunto y decidir si juzga a Hernández.

El escrito de la fiscalía demolía los argumentos manejados por el tribunal gallego en el auto de sobreseimiento y archivo. El fiscal sostiene que el ingeniero de la Diputación y director del proyecto, Baltasar Pujales, también denunciado por el PSdeG, certificó que la obra estaba concluida "con pleno conocimiento de la falsedad de tal afirmación". Hernández firmó la conformidad con el certificado emitido por Pujales, y ordenó continuar con los trámites hasta obtener los 331.629 euros -que corresponden a la parte cofinanciada por el Gobierno central- para la concesionaria, en la que el conselleiro trabajó hasta un mes antes de incorporarse al organismo que preside Rafael Louzán. Para el fiscal, Hernández actuó "o bien con el pleno conocimiento de que la obra no se había concluido, o bien sin haber efectuado averiguación alguna". Incluso en este segundo caso, su actuación supondría "un claro incumplimiento de sus obligaciones".

Así las cosas, la fiscalía solo contemplaba dos posibilidades. O Agustín Hernández actuó "con manifiesta e inexcusable negligencia", al firmar un certificado de fin de obra sin hacer las oportunas comprobaciones, o lo hizo "con pleno conocimiento de la falsedad". Pero cualquier averiguación al respecto pasaba por la celebración de un juicio oral al que el TSXG se opuso. Y en cualquiera de los dos casos, para el ministerio público existe una certeza: "Sin duda alguna, los hechos referidos son constitutivos de un delito de falsedad en documento público". "Lo que es indiscutible", abundó el fiscal, es que de las investigaciones practicadas se deduce "la condición de delictivas" de las conductas de Hernández y Baltasar Pujales.

La celebración del juicio que reclaman los socialistas permitiría aclarar si el miembro del Gobierno gallego cometió un delito doloso, en el caso de tener conocimiento de la falsedad, o culposo, si incumplió su obligación de cerciorarse del fin de la obra. Las únicas objeciones fiscales a la petición del abogado del PSdeG consistían en la recurribilidad del auto de sobreseimiento, dudas que quedan disipadas al aceptar el Supremo la petición de los socialistas. Por lo demás, el ministerio público consideraba que el "error jurídico" de la resolución del tribunal gallego "es muy claro".

La admisión del recurso supone un serio varapalo al TSXG, que vio en la actitud de los imputados "irregularidades administrativas", pero no delictivas, al sostener que se desconoce el daño real o potencial causado. "Se conoce perfectamente, y consiste en provocar un error en la Administración por el que esta abonó a una constructora el importe total de unas obras no construidas" y que, en ese momento, "ni siquiera se sabía si algún día serían o no acabadas", según el fiscal.