El Consell rechaza su papel de control en la CAM que prevé la ley

El Consell no quiere saber nada de sus responsabilidades en la intervenida Caja Mediterráneo (CAM), pese a que la Ley de Cajas de la Generalitat, vigente desde 2003, le otorga competencias de control. La norma surgió para adaptar la legislación valenciana de cajas a la ley estatal de medidas de reforma de sistema financiero de 2002. La ley, sancionada por el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, ahora vicepresidente de Bankia, sustituyó al decreto legislativo de 1997 y politizó aún más los órganos de gobierno de las cajas de ahorros.

La legislación valenciana sobre entidades financieras de ahorros dice: "La presente ley introduce expresamente nuevas obligaciones de información con el organismo supervisor, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que se consideran esenciales para el desempeño de una labor más eficaz. Entre estas obligaciones, cabe destacar la comunicación previa de las emisiones de valores negociables que sean susceptibles de computar como recursos propios, que vienen adquiriendo en los últimos tiempos una gran notoriedad".

Luisa Pastor: "Entre todos la mataron

Por su parte, el reglamento del IVF recoge entre sus competencias "ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que estén bajo la tutela administrativa de la Generalitat, así como de la banca privada, en los términos que disponga la legislación básica estatal".

La Generalitat está presente en los órganos de las cajas (asamblea general y comisión de control), que también fueron modificados por la ley de 2003. En la asamblea general de la CAM la Generalitat cuenta con 45 de los 180 miembros de la asamblea. Y en la comisión de control, con el vicepresidente del órgano, José Manuel Uncio que fue presidente del IVF, según han confirmado fuentes de la entidad.

El IVF completa su presencia en la comisión de control de la CAM con un representante con voz pero sin voto. Este miembro, según fuentes de entidad, apenas participa en las reuniones de ese órgano, "salvo en vísperas electorales".

La comisión de control, además de supervisar la gestión general de la caja, también inspecciona las auditorías internas y externas sobre los balances de la caja. Este órgano, que preside el exedil del PP de Murcia Juan Ramón Avilés, mantiene sus funciones tras la intervención de la caja por parte del Banco de España.

El consejero de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, soslayó este cuerpo legislativo y aseguró que las competencias sobre la solvencia de las cajas "residen en el Estado a través del Banco de España, que ha estado inspeccionado la CAM desde septiembre de 2008 hasta diciembre de 2009". Pero a renglón seguido, el consejero defendió las actuaciones del IVF, en su calidad de supervisor de las entidades financieras.

El titular de la Consejería de Economía señaló que el Consell no ha interferido en la gestión y administración de la caja, "porque corresponde de forma exclusiva y excluyente a sus órganos de administración".

Verdeguer compareció a raíz de una pregunta formulada por Francisco Toledo, portavoz de Economía del PSPV, sobre las actuaciones del IVF en la CAM. Toledo responsabilizó al PP del proceso de intervención de la CAM porque, según él, nombró al consejo de administración. "La larga sombra del PP vacía las arcas de la CAM", dijo el diputado socialista. "Esta caja y Bancaja podrían haber sido socios estratégicos, pero los consejeros del PP los han llevado al traste", añadió.

La polémica sobre la gestión de la CAM también se trasladó ayer a la Diputación de Alicante. Su presidenta, Luisa Pastor, del PP, tras el pleno donde se aprobó una moción conjunta con el PSPV en defensa de la obra social y la plantilla de la CAM, dijo: "Todo el mundo ha tenido culpa de la situación actual de la CAM". "Entre todos la mataron y ella sola se murió", añadió.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana, José Vicente González, tildó de "desafortunadas" las declaraciones del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en las que dijo que la "CAM es lo peor de lo peor".