Los técnicos de A Coruña obviaron la flagrante ilegalidad de Fadesa

El céntrico edificio de A Coruña con orden judicial firme de derribo, el Conde de Fenosa, supuso un negocio inmobiliario de pingües beneficios. Y todas las trabas legales en la normativa urbanística que regía en aquel momento en la capital provincial fueron obviadas para que fructificase la lucrativa operación de convertir en lujosa y grande urbanización residencial de tres bloques el inmueble que albergó durante casi cuatro décadas la sede de Unión Fenosa.

En los informes emitidos por los técnicos del Ayuntamiento para conceder al nuevo dueño del edificio, Fadesa, la licencia de "cambio de uso, ampliación y rehabilitación de un edificio existente", se eludió hacer mención alguna a las razones que llevaron, cuatro años después, a los tribunales a anular ese permiso municipal y ordenar la demolición parcial de la edificación.

El inmueble, construido en los años 60, estaba fuera de ordenación

La licencia se concedió en el apogeo del mandato de Francisco Vázquez

Unión Fenosa contrató la venta a Fadesa por 13,52 millones de euros

Fue en 1997, en pleno bum inmobiliario de A Coruña y en el apogeo de su exalcalde, el socialista Francisco Vázquez, cuando a la compañía eléctrica, trasladada a Madrid, decidió transformar en residencial su antigua sede. Y lanzó un concurso para permutar, previas obras de rehabilitación, el inmueble de oficinas en viviendas y locales comerciales. Pero, ignorando las propuestas de una docena de promotores que participaron en aquel concurso, la compañía eléctrica decidió finalmente y por sorpresa, en junio de 1997, venderlo directamente a Fadesa, entonces bajo el mando de su fundador, el coruñés Manuel Jove.

La operación entrañaba riesgos para el promotor, dado que el edificio original, construido a principios de los años 60, estaba fuera de ordenación urbanística; es decir, que no cumplía el plan general de 1985, vigente entonces. Esa condición limitaba el negocio inmobiliario que suponía construir para su posterior venta pisos y bajos comerciales, dado que estaba prohibido aumentar el volumen y la superficie construida del edificio. Y había otros obstáculos, como la necesidad de tramitar un proyecto específico para legalizar la pretensión, entonces prohibida en el plan general, de convertir, como así se hizo, un inmueble de manzana compacta en uno de varios bloques unidos por un patio interior.

Pero, pese a todo, la inmobiliaria parecía confiada en obtener sin grandes trabas ni demora el visto bueno del Gobierno municipal presidido por Vázquez y con Salvador Fernández Moreda, el expresidente de la Diputación y actual concejal y secretario provincial del PSOE, al frente de la concejalía de Urbanismo. Fadesa incluso hace constar esa expectativa en el contrato de compra-venta firmado con Fenosa en junio de 1997. "Está previsto que razonablemente la citada licencia será concedida con anterioridad a la fecha de desalojo del inmueble", fijada para el 31 de enero de 1998.

En ese contrato privado, las dos empresas condicionan toda la operación, y también el pago de los 2.250 millones de pesetas (13,52 millones de euros) que Fenosa cobraría de Fadesa por el edificio, a la obtención de esa licencia municipal. Sus expectativas se cumplen con celeridad, dos meses antes del plazo máximo. El 10 de noviembre de 1997 el Gobierno coruñés concede la licencia a Fadesa y el 2 de marzo de 1998, tras aceptar el proyecto de ejecución redactado por Fadesa, autoriza el inicio de las obras.

Previamente, y con toda diligencia, los técnicos del Ayuntamiento emiten informes favorables. Son firmados por el arquitecto municipal, Rafael González-Cebrián Tello, y el ingeniero de Caminos José Martínez López. Pero en ninguno se hace referencia a las trabas legales que conlleva el proyecto de rehabilitación del edificio. Ninguno menciona que el edificio Conde de Fenosa está en situación de fuera de ordenación. Sí recogen, sin embargo, y dan el visto bueno, pese a que lo prohibía la normativa en vigor, a que Fadesa incremente la superficie construida en 2.473 metros cuadrados.

Tampoco ningún informe técnico alude a que no se cumplía el mínimo de plazas de garaje que establecía la norma urbanística ni a la dimensión de los patios interiores. Ambas son razones añadidas por las que el Tribunal Superior, en 2001, anuló por ilegal la licencia municipal y ordenó el derribo. Un fallo judicial ratificado por el Supremo y que, tras 14 años de litigio y múltiples recursos fallidos, tanto del Ayuntamiento como de Fadesa, es ahora irrevocable.

Todos los intentos posteriores de legalizar el edificio, con sucesivas licencias municipales en 1999, al amparo del nuevo plan general de 1998, fueron vanos. Incluido el permiso por el que el Gobierno local autorizó a Fadesa a realizar cambios y a reducir tanto las plazas de garajes como los bajos comerciales para hacer más pisos de los inicialmente previstos.

Quedó un gran edificio de tres bloques, ocupado desde el año 2000 por un centenar de viviendas, oficinas y locales comerciales, que nada tienen que ver con el original.