Escándalo en el máximo tribunal

El candidato presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Alfonsín, pidió ayer la dimisión del magistrado de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni para que explique, desde fuera del máximo órgano jurisdiccional argentino, cómo es posible que al menos cuatro apartamentos de su propiedad, en la ciudad de Buenos Aires, estén alquilados a negocios de prostitución.

Zaffaroni, de 71 años de edad y uno de los jueces más famosos de Argentina, es miembro de la Corte Suprema desde 2003, no niega ser el dueño de esos apartamentos pero mantiene que un apoderado y una agencia inmobiliaria son quienes se encargan de buscar inquilinos, sin que él tenga el menor conocimiento o contacto con ellos.

El candidato de la oposición radical pide la dimisión del magistrado

El escándalo se inició hace dos semanas cuando el diario Perfil planteó que dos céntricos prostíbulos, en el mejor barrio de la ciudad, estaban instalados en apartamentos propiedad del juez. Posteriores investigaciones por parte de la ONG La Alameda, dedicada a la lucha contra la prostitución, ampliaron el número de locales propiedad del juez donde se ejercía la prostitución hasta cuatro pisos diferentes. La ONG presentó inmediatamente una denuncia contra la trata de mujeres.

El director de Perfil, Jorge Fontevecchia, uno de los periodistas más conocidos del país, escribió este domingo un artículo titulado "La noticia no deseada" en el que explica que no existe ninguna animosidad contra el juez Zaffaroni, sino que, bien al contrario, ha contado siempre con su respeto como juez garantista y con su admiración por sus méritos jurídicos. Pero "el periodismo no es una profesión para hacer amistades", escribe Fontevecchia.

Zaffaroni, calificado muchas veces como el magistrado de la Corte Suprema más cercano a los Kirchner, en algunos de cuyos actos políticos se dejó ver en ocasiones, explicó en Página 12 que es propietario de 15 inmuebles en la ciudad que figuran en sus declaraciones patrimoniales. "Es obvio que no puedo administrarlos personalmente, de modo que tengo un apoderado y una inmobiliaria que los alquilan. Me limito a recibir lo que me paga".

El juez anuncia que ha dado instrucciones para "verificar" lo que pasa y pedir a los inquilinos que abandonen los apartamentos implicados inmediatamente. En caso contrario, presentará la correspondiente denuncia. Zaffaroni se lamenta de que ni el diario Perfil ni la ONG La Alameda acudieran a él antes de hacer públicos los datos de que disponían.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación está integrada por un presidente, Ricardo Lorenzetti; una vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y cuatro ministros o magistrados, además del propio Zaffaroni: Carlos Fayt, Enrique Petracci, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. Bajo la presidencia de Lorenzetti, de 56 años, y con el actual equipo, la Corte se ha convertido en una de las instituciones más respetadas e independientes de Argentina.

"Precisamente por eso, porque la Corte Suprema es una institución prestigiada, es por lo que creemos que el ministro Zaffaroni, aunque no haya delito, debe dimitir, evitando que se perjudique la justicia", explicó Ricardo Alfonsín.

"Estamos ante un caso que tiene que ser investigado y del que se deducirán responsabilidades. Esto puede ser, en el mejor de los casos, un papelón y, en el peor, un delito", precisó Alfonsín. Al candidato radical le resulta, además, "difícil" creer que "el propietario de seis departamentos no sepa cuál es el destino que se les da cuando los alquila".

La diputada Elisa Carrió, caracterizada por su lucha contra la corrupción, se expresó con cautela y recordó que, según la Constitución argentina, "lo que corresponde es que Zaffaroni se someta a un juicio político en el Congreso". Carrió recordó que su grupo denunció en su día la participación de Zaffaroni en actos del kirchnerismo y en tareas de asesoramiento.