Bruselas abre sanción a España por el impacto del AVE andaluz

A la aventura andaluza en la alta velocidad -la Junta es el único Gobierno regional que se ha embarcado en la construcción de este tipo de líneas férreas- le persigue la contrariedad. La consejería andaluza de Obras Públicas reconoció la semana pasada que los recortes presupuestarios hacían inasumible ejecutar a corto plazo el tramo previsto entre Sevilla y Marchena del proyecto del eje transversal de alta velocidad ferroviaria. La Comisión Europea es la que ahora pone reparos a otros tres tramos, en concreto, a los que discurren entre Marchena y Osuna, cuyas obras ya están iniciadas. Solo falta la instalación de las vías y el tendido.

La dirección general europea de Medio Ambiente ha decidido iniciar un "procedimiento de sanción" contra España por estas obras. Ecologistas en Acción denunció en febrero de 2010 la medida, al entender que suponía un impacto en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Campiñas de Sevilla, refugio para especies como la avutarda, en serio peligro en Andalucía.

La Comisión inicia el procedimiento al ver "posibles incumplimientos del derecho comunitario" en protección del medio ambiente. Ecologistas en Acción sostiene que la línea atraviesa cerca de 16 kilómetros la ZEPA, cuya protección entró en vigor en septiembre de 2008. Las obras las adjudicó la Junta en julio de 2007 por 88,2 millones y arrancaron a comienzos de 2008.

La Junta reconoció ayer que "una vez detectadas las potenciales afecciones", solicitó "medidas correctoras" para la protección de la avifauna. Esas medidas se enviaron a Obras Públicas a finales de 2010, que ahora está "gestionándolas".