Un juez "no ve" delito de prevaricación de Elorriaga en los contratos a Margüello

"Me siento contento y aliviado", declaró ayer a EL PAÍS José Ramon Elorriaga tras conocer que el Juzgado de Instrucción Número 7 de Bilbao ha decretado el sobreseimiento provisional en el caso que se sigue contra este exdirector territorial de Sanidad en Vizcaya por una supuesta trata de contratos irregulares de Osakidetza, favorables a una empresa vinculada a José Carlos Margüello, informa Ania Elorza.

Fuentes del Departamento de Sanidad, a su vez, señalaron que no iban a comentar el fallo judicial, ya que no lo habían recibido oficialmente ni les constaba su contenido. Se trata de la primera resolución judicial en el denominado caso Margüello, que, a su vez, ha librado otra batalla en el Parlamento vasco durante las largas comparecencias ante la comisión de investigación creada para depurar las posibles responsabilidades políticas en el departamento que dirigió Gabriel Inclán en los gobiernos de Juan José Ibarretxe.

La fiscalía aportó documentos en los que veía necesaria una investigación

El Ministerio Fiscal interpuso en octubre de 2008 denuncia contra Elorriaga por un presunto delito de prevaricación "por la autorización para su funcionamiento" a la entidad Gestión de Servicios Sanitarios XXI, S.L., vinculada a Margüello, "al margen del procedimiento administrativo normativamente previsto". La Fiscalía aportó diversa documentación que informaba sobre "serios incumplimientos e irregularidades de entidad, tanto en procedimientos que se siguen como en los contratos suscritos" y consideró que existían "indicios suficientes para considerar procedente la investigación por revestir los hechos caracteres de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios que autorizaran o fueran responsables de tales prácticas y las personas que de hecho o derecho tuvieran la gestión y dirección de tales empresas", informa Europa Press.

Según el magistrado encargado del caso, tanto las diligencias practicadas como la documentación aportada, "ofrecen datos suficientes para considerar que no pueda justificarse de modo suficiente la perpetración del delito denunciado" porque "no puede asegurarse que la autorización a Gestión de Servicios Sanitarios XXI S.L. constituya una contradicción notoria, patente e incuestionable de la legalidad, por omisión de trámites esenciales del procedimiento, o por el contenido sustancial de la autorización".

En el auto conocido ayer, se reconoce como cierto que la resolución "concede expresamente a la entidad indicada una autorización sanitaria de instalación y funcionamiento, como centro, y que, como tal, debía estar sometida a las normas de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios".

Sin embargo, recuerda que el denunciado "alegó que la finalidad de la entidad al ser autorizada no era la prestación directa de servicios sanitarios (como centro o establecimiento), sino la autorización para llevar a cabo una gestión de contratación, con otras entidades, de prestaciones sanitarias propias del sistema público de sanidad".

Por otro lado, el juez considera constatado que la normativa indicada "no ampara explícitamente este tipo de cesión por el sistema público de la gestión o contratación con entidades prestadoras de los servicios que de modo directo lleven a cabo la prestación en sus propios centros". En su opinión, existen "elementos suficientes para considerar" que el delito de prevaricación "no puede justificarse". "Que la Administración autorizara lo que no estaba contemplado, no justifica la concurrencia de los elementos del delito denunciado", añade.

Preguntado por este periódico sobre la resolución del juez, Elorriaga volvió a incidir en que se ha sentido indefenso: "Solo me he sentido amparado por el Ararteko

[que puso en duda la "contundencia de indicios irregulares" en el caso] y el juez" en un caso que se reduce a "calumnias, exagerando hechos",

En su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria, el pasado mes de febrero, José Ramón Elorriaga se negó a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, "por respeto a la Justicia", dijo, "hasta que se resuelva el caso".

El dictamen provisional de la comisión de investigación parlamentaria señala entre sus conclusiones a cuenta de Gestión de Servicios Sanitarios XXI que, con el objeto de favorecerla, "se le concede la autorización sanitaria de instalación y funcionamiento vulnerando totalmente el procedimiento legalmente establecido".