Correos reanuda de forma parcial el servicio postal a los juzgados

Las furgonetas de Correos volvieron ayer a entrar y salir de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde a media mañana se amontonaban cerca de 180 cajas repletas de notificaciones, citaciones y resoluciones judiciales fruto de dos días sin servicio. El lunes, Correos suspendió los portes en respuesta a los 33 millones de euros que le adeuda la Generalitat. El servicio postal se reanudó también en Castellón y Alicante, pero no en todas las sedes judiciales de la comunidad autónoma, aunque el Consell afirmó que se restablecería en el conjunto de los juzgados a lo largo del día de hoy.

La vuelta a la normalidad, apuntaron fuentes sindicales, tenía carácter provisional: Correos aceptó volver al trabajo después de que la Generalitat se comprometiera a aprobar la fórmula de pago pactada con la empresa en el pleno del Consell de mañana. En un comunicado, el Gobierno valenciano consideró apropiado "subrayar el esfuerzo" que había realizado para hacer frente a sus deudas con Correos que, al parecer, se ha ido acumulando a lo largo de los últimos cinco años.

La crisis llega cuando los tribunales deben decidir el futuro de Camps

Los impagos del Consell llevaron a la Administración de justicia autonómica al borde del colapso; a partir de cierto momento, el bloqueo del servicio postal hubiera obligado a suspender los juicios.

El momento crítico para la justicia valenciana llegaba, además, en el momento en que esta se prepara, según todos los indicios, para sentar en el banquillo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho pasivo impropio.

Y también en el momento en que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano debe decidir si, tras las resoluciones del TSJ de Madrid, amplía las imputaciones contra las cúpulas del Gobierno y el PP valenciano a una amplia gama de nuevos y graves delitos: prevaricación, tráfico de influencias, delito electoral (nombre técnico de la financiación ilegal), cohecho, delito fiscal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, todos ellos relacionados con el caso Gürtel.

A estas alturas de la marcha judicial del caso parece, de hecho, que la única forma de que Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret eviten sentarse en el banquillo por haber recibido supuestamente trajes y otros regalos de la trama corrupta por valor de miles de euros, sea porque esa acusación se transforme en otra más grave. En primer lugar, conforme a lo que dictó en 2009 el juez Antonio Pedreira y confirmó a finales de febrero la Sala Civil y Penal del TSJ madrileño, que el cohecho pasivo impropio (aceptar regalos realizados con motivo del cargo) se convierta en cohecho a secas (aceptar dádivas a cambio de actos justos o injustos, como las adjudicaciones que la Generalitat concedió a las empresas de Gürtel). Es decir, que todo apunta a que si el caso de los trajes es finalmente suspendido será porque la situación judicial del presidente Camps se habrá complicado más.