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miércoles, 23 de marzo de 2011

La explotación agraria de titularidad compartida será prioritaria

Las explotaciones agrarias y ganaderas de titularidad compartida, es decir, aquellas en las que figuren registrados los dos miembros de la pareja, se considerarán "prioritarias". Así lo establece el anteproyecto de ley redactado por un grupo interministerial comandado por el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Ese carácter prioritario las colocará en mejor situación a la hora de recibir ayudas económicas, por ejemplo.

Las organizaciones de mujeres rurales han recibido con alegría este anteproyecto, que viene a sustituir el decreto que estableció en 2008 la titularidad compartida, cuyo desarrollo en las comunidades autónomas se quedó en agua de borrajas. "Ahora tiene carácter de ley, por tanto, habrá una figura jurídica de titularidad compartida que permitirá una gestión solidaria", valoró la presidenta de la Federación de Mujeres Rurales, Fademur, Teresa López.

Cuando la pareja se dé de alta, su explotación agraria recibirá un NIF y la explotación quedará a nombre de los dos, lo que permitirá que los ingresos se repartan al 50% y se pueda hacer una declaración de renta separada.

Por otro lado, el anteproyecto, que se verá en primera lectura este viernes en Consejo de Ministros antes de su exposición pública, recoge la posibilidad de que la mujer que participa en la gestión de la explotación, aunque no se dé de alta, pueda recibir una compensación en caso de divorcio.

Sociedad limitada

Hay otra modalidad, la creación de una sociedad de responsabilidad limitada entre la pareja, con personalidad jurídica, para la que se elaborarán unos estatutos.

El antiguo decreto, aprobado en noviembre de 2008 también se recibió con aplausos entre las mujeres del campo, porque suponía la caída de un antiguo vestigio machista: las explotaciones agrarias solo podían tener un titular y generalmente recaía en el varón. A partir de ese momento, ambos podrían ser cotitulares y ellas no tendrían que llevar un permiso firmado para formalizar el papeleo de la explotación.

Pero su puesta en marcha no tuvo eco alguno en las comunidades autónomas, por lo que se ha recurrido a la redacción de una ley: "Consideraron que era una simple petición feminista y no se daban cuenta de que el apoyo a la agricultura familiar sostiene el mundo rural", asegura Teresa López.

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