La juez imputa por una fuga radiactiva a tres mandos de Ascó I y al inspector del CSN
La fuga radiactiva al exterior que la central nuclear de Ascó I (Tarragona) sufrió en 2007 y mereció la mayor sanción impuesta por el Gobierno a una planta atómica (15,4 millones de euros) puede ahora sentar en el banquillo a tres mandos de la central y al inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) residente en la central. La juez de Gandesa ha citado a declarar como imputados entre el 21 y el 25 de marzo a estos responsables acusados de delitos ecológicos, falsedad documental y contra la seguridad colectiva que pueden suponer penas de hasta 16 años de cárcel, detalla el auto judicial fechado el pasado día 10 y notificado ayer. La juez admite así la denuncia que la fiscalía presentó el mes pasado contra estos mandos y que les acusaba de silenciar la fuga durante cinco meses, durante los que cientos de estudiantes visitaron el recinto contaminado.
La decisión judicial abre la primera causa penal por un incidente atómico desde 1989, cuando los directivos de Vandellòs I y un secretario del CSN fueron juzgados (y absueltos) por el incendio que obligó a desmantelar esa central.
Los mandos que declararán entre el 21 y el 25 de marzo son el entonces inspector del CSN en la central, Antonio García, que sigue en su puesto; el director de Ascó I en el momento de los hechos, Rafael Gasca; el entonces jefe del servicio de protección radiológica, Francesc González; y el jefe de explotación de la central, Jordi Sabartés. Estos tres también siguen ocupando altos cargos en ANAV, el consorcio de Endesa e Iberdrola que explota Ascó I. La juez, que citará también a una decena de testigos, ha requerido además a ANAV la documentación sobre el incidente y la relación de trabajadores en la planta cuando se produjo el escape. Greenpeace y el secretario general de ICV, Joan Herrera, que denunciaron la fuga, celebraron la investigación judicial.
La fuga la provocó una maniobra irregular de un operario permitida tradicionalmente por los mandos hasta ampararla como una "costumbre", recoge la denuncia, en la que se detalla que el incidente expulsó partículas radiactivas en un radio de unos 60 kilómetros alrededor de la planta y que otras "irregularidades" impedirán determinar la radiactividad emitida.
