Una gestión errática y de ahorro favoreció el vertido de BP en el Golfo

La explosión el 20 de abril de la plataforma Deepwater Horizon, que causó la muerte de 11 personas y un desastre medioambiental sin precedentes en el golfo de México, "no fue el resultado de una serie de decisiones anómalas tomadas por funcionarios o directivos deshonestos, que eran imposibles de predecir o de las que no se espera que vuelvan a ocurrir". Por el contrario, "las causas fundamentales fueron sistemáticas y, sin una considerable reforma en las prácticas empresariales y las políticas gubernamentales, podrían volver a ocurrir. El accidente provino de errores sistemáticos de los directivos de esa industria y de fallos del Gobierno a la hora de garantizar que se cumplan las normas sobre perforaciones petrolíferas en alta mar".

El informe final concluye que hubo errores sistemáticos, no aislados

"El Gobierno no veló lo bastante por prevenir errores de juicio del sector"

El texto critica la corrupción en la concesión de explotaciones

Haliburton utilizó cemento de mala calidad para sellar el pozo

Esa es la principal conclusión del informe de la comisión a la que el presidente Barack Obama le encargó investigar el mayor vertido de crudo de la historia norteamericana -el equivalente a 4,9 millones de barriles de petróleo-. La culpa, según ese informe publicado ayer, no fue solo de BP, sino también de malas decisiones tomadas por Transocean, dueña de la plataforma, y Haliburton, que vertió cemento de mala calidad para sellar el pozo. Y todo, según asegura la comisión, para ahorrar tiempo y dinero: "Intencionalmente o no, muchas

claramente incrementaron el riesgo de una explosión en el pozo de Macondo y les ahorraron a las empresas tiempo (y dinero)".

El presidente creó la comisión para que le presentara una propuesta para modificar leyes y sistemas de control a las perforaciones petrolíferas. Simultáneamente, ordenó una moratoria a nuevas perforaciones, que sigue en pie y que se prolongará siete años. Aquel mismo mes, además, Obama fulminó la Agencia de Gestión Minera, que concedía los permisos de explotación comercial de los yacimientos en alta mar. Un informe de 2008 había revelado la corrupción que imperaba allí. Sus empleados usaban dinero público a voluntad. Alternaban con contratistas y empresarios y, a menudo, pasaban del sector público al privado con una facilidad pasmosa.

El nuevo informe critica esa cultura de corrupción que, según asegura, facilitó los fallos de supervisión que permitieron que ocurriera el accidente. "El Gobierno no asumió el control necesario para prevenir los errores de juicio y de gestión del sector privado", asegura. "Muchos de los aspectos cruciales de las operaciones de perforación se dejaron al criterio de la industria sin que ninguna agencia del Gobierno los revisara. Por ejemplo, en este caso, no se exigía una prueba de lo que se llama presión negativa, algo cuya malinterpretación fue un factor decisivo en la explosión".

La Deepwater Horizon, que estaba pasando de la fase de exploración a la de perforación comercial, no contaba con un plan de actuación en caso de emergencia. No porque sus gestores hubieran quebrantado la ley, sino porque el Gobierno de EE UU no se lo exigió. En 2008, la Administración de George W. Bush había decidido pedírselo solo a plataformas que considerara de alto riesgo, y en esa categoría solo entraban las que se estuvieran en las costas de Florida o las que tuvieran más de una perforación en el lecho marino frente a Luisiana o Tejas, entre otras condiciones. La petrolera BP, según un portavoz, tenía un manual genérico de acción en la zona, que rige sobre todas sus perforaciones en el golfo de México.

El nuevo y definitivo informe, del que solo se ha publicado un avance y que verá la luz en su totalidad la semana que viene, reparte la culpa entre BP y sus subcontratas. Hasta la fecha, la Casa Blanca había centrado sus críticas en la petrolera. El 15 de diciembre, de hecho, presentó una demanda civil contra BP por negligencias en la gestión de la plataforma, que de prosperar podría saldarse con una multa de hasta 21.000 millones de dólares (unos 15.800 millones de euros). La empresa BP creó en otoño un fondo de compensación en el que ha depositado ya 30.000 millones de euros.

La fuga, abierta durante 86 días, se cerró el 15 de julio, cuando BP logró activar la válvula de sellado que falló el día del accidente. El Gobierno federal, los Estados afectados y el Congreso estadounidense abrieron diversas investigaciones. Hasta el momento, todas han coincidido en que las empresas implicadas, sobre todo BP y Transocean, se apresuraron a sellar el pozo con técnicas de dudosa seguridad. También han criticado que los supervisores de la plataforma no supieran leer las señales de alarma que esta había emitido horas antes de la explosión que provocó el mayor desastre ecológico de EE UU hasta la fecha.