Obama obliga a BP a pagar por el vertido

Barack Obama encontró finalmente, rememorando sus propias palabras, el culo al que patear. Los ejecutivos de BP, puestos contra la pared del Despacho Oval, donde el líder más poderoso del mundo los citó para aclarar cuentas, aceptaron resignadamente aportar la cantidad de 20.000 millones de dólares (16.300 millones de euros) para salvar el golfo de México y la presidencia de Obama, a cambio, quizá, de poner en peligro la propia supervivencia de la compañía británica.

Fue un espectáculo nunca visto en Washington. Los seis principales ejecutivos de una de las mayores petroleras del mundo, incluido su lenguaraz consejero delegado, Tony Hayward, llegaron poco después de las diez de la mañana a la Casa Blanca, acompañados por sus abogados, para someterse a la reprimenda del maestro, del pueblo, de la conciencia mundial, de Obama, actuando ayer en todos esos papeles.

"Estoy convencido de que BP cumplirá sus compromisos", dice el presidente

El Gobierno quiere aprovechar la crisis para hacer una reforma energética

No tenían escapatoria. Los responsables de BP, la compañía propietaria de la plataforma accidentada hace casi dos meses, son, en estos momentos, el blanco del odio universal. No tienen más margen que el de aceptar lo que les pidan, callar, esperar a que pase la tormenta política actual y después, solo después, intentar maniobrar para esquivar algunas indemnizaciones. Algunos afectados por la marea negra provocada por el Exxon Valdez en 1989 han cobrado hace pocos meses. Obama quiere asegurarse de que eso no pase ahora y ha puesto cerco a la petrolera. "Estoy absolutamente convencido de que BP será capaz de hacer frente a sus obligaciones", declaró el presidente.

Algunos de sus compañeros demócratas y muchos de sus votantes en la izquierda le pedían más: querían la nacionalización de la empresa y la confiscación de sus bienes. Se entiende toda la pasión desatada por la catástrofe, pero la Casa Blanca tiene que actuar también teniendo en cuenta otras consideraciones. No se puede apretar a BP, cuyas acciones ya han perdido la mitad de su valor desde el inicio de esta crisis, hasta el punto de que la empresa sea incapaz de hacer frente incluso a las indemnizaciones más evidentes.

El fondo de 16.300 millones acordado, que coincide con la suma propuesta por el Congreso y se sumará a los 1.000 millones que BP lleva gastados en la limpieza del vertido, es ya una apuesta de alto riesgo para el futuro de la empresa. Pendiente de algunos detalles, el pacto alcanzado dará a BP varios años para inyectar dinero en ese fondo sin perder por completo la confianza de los mercados. La empresa tiene que encontrar el mecanismo para satisfacer las reclamaciones que se acumularán -el número de personas que pueden considerarse afectadas directa o indirectamente es infinito- sin arruinar a sus accionistas, muchos de ellos pensionistas ingleses. Por el momento, la empresa ya anunció que no pagará más dividendos este año.

El fondo será administrado por Kenneth Feinberger, un experto en la materia que ya gestionó las compensaciones a las víctimas del 11-S. Entre las responsabilidades de Feinberger, que actualmente ocupa un delicado cargo oficial como controlador de los sueldos de los directivos de empresas con ayuda pública, estará la de asegurarse que BP cumple con los plazos de depósito sin demoras, sin excusas y bajo cualquier circunstancia. Además, si el tiempo demuestra que la cantidad destinada al fondo es insuficiente, se exigirá su ampliación.

No es un momento para reclamar prudencia a la Casa Blanca. El presidente ha sido criticado por su frialdad en el manejo de la crisis -un 52% del electorado critica su gestión, según un sondeo- y se ha puesto en pie de guerra para superar este momento, el peor de su año y medio de gestión. "Lucharemos contra este vertido con todo lo que tengamos a nuestra disposición y durante el tiempo que sea preciso", dijo Obama, en la noche del martes, en su primer discurso a la nación desde el Despacho Oval. La última vez que un presidente habló sobre energía en ese mismo escenario fue Jimmy Carter, en 1979, durante la crisis del petróleo provocada por la OPEP. Ya entonces se vislumbraba el peligro de la excesiva dependencia mundial de ese producto y la necesidad de energías alternativas. Poco se ha hecho en los 30 años transcurridos.

Obama ahora quiere aprovechar la sensibilidad recrudecida por el vertido de BP para hacer de la reforma energética, como dijo en su intervención ante las Cámaras, una prioridad. La Casa Blanca se ha puesto ya a trabajar con los líderes del Congreso para acelerar la elaboración de esa ley y tenerla lista, si es posible, antes de que acabe el año.