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Caza a los 'sin papeles' en Arizona

El Estado del sur de EE UU adopta una ley que convierte la inmigración ilegal en delito - La norma desata una auténtica oleada de cólera entre los hispanos

Una auténtica oleada de cólera se ha desatado entre la comunidad hispana de Estados Unidos tras la entrada en vigor en Arizona de una ley que, por primera vez en la historia de este país, permite a la policía detener y castigar a un ciudadano por el simple hecho de ser un inmigrante ilegal. La medida, de múltiples consecuencias y extraordinario simbolismo, tendrá que ser debatida ante los tribunales de justicia y, probablemente, obligará a una acción de respuesta de Barack Obama.

La ley, que fue firmada el viernes por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, después de que fuera aprobada por ambas cámaras del Congreso estatal, da derecho a los miembros de los servicios de seguridad a exigir a cualquier persona en la calle documentos que prueben que está aquí legalmente. De lo contrario, puede ser encarcelado hasta seis meses, multado con 2.500 dólares y, eventualmente, expulsado del país.

Barack Obama ha calificado la legislación de "irresponsable"

Hasta ahora, en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, la policía no tenía autoridad para pedir papeles a nadie a menos que la persona en cuestión fuera sospechosa de haber cometido algún delito. Además, ningún documento de identidad es obligatorio, por lo que muchos inmigrantes sólo pueden probar la legalidad de su situación con el sello de entrada impreso en el pasaporte o un permiso de circulación.

Varios cientos de personas, en su mayor parte hispanos, se concentraron ayer como señal de protesta ante el Capitolio de Arizona, en Phoenix. Numerosas organizaciones latinas han anunciado actos de repudio, querellas y otras medidas ante una ley que consideran racista y que, de hecho, da carta blanca a la policía para interrogar a los ciudadanos de aspecto hispano.

El presidente Obama ha manifestado que la iniciativa de Arizona constituye "una irresponsabilidad" sobre la que no es posible permanecer de brazos cruzados. "Esta ley contradice los principios básicos de justicia que nos distinguen como norteamericanos", dijo Obama, en una muy infrecuente reacción de la Casa Blanca a la actuación de los estados. El Gobierno de México y la Iglesia católica han expresado también su preocupación por esta legislación, que el cardenal Roger Mahony de Los Ángeles ha comparado con el nazismo.

La gobernadora Brewer ha justificado la ley "por la incapacidad del Gobierno federal de asegurar nuestras fronteras". La misma razón por la que le ha dado su apoyo el senador republicano de ese Estado John McCain y la mayor parte de los dirigentes y portavoces de la oposición conservadora.

La situación en Arizona y en otros estados fronterizos con México, como California, Texas o Nuevo México, ha llegado, ciertamente, a un punto de gran inquietud. Pero no sólo porque miles de personas crucen la frontera ilegalmente cada día para engrosar la cifra de entre 15 y 20 millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país, sino porque muchos de los negocios y de la agricultura de esa región están basados en la mano de obra barata que ofrecen los trabajadores sin papeles.

Esa explotación, basada en las lamentables condiciones económicas y de seguridad al sur de la frontera, ha dado lugar a una profunda crisis en esos estados, donde miles de personas subsisten en condiciones precarias, la criminalidad aumenta y el rechazo social se agudiza.

No es casualidad que sea Arizona donde se aprueba esta controvertida ley. Arizona lleva ya algún tiempo llamando la atención de los grupos de derechos humanos por las condiciones impuestas en uno de sus condados, Maricopa, por un sheriff cruel llamado Joe Arpaio, que presume de mantener a raya a los inmigrantes con métodos vigorosos, como la constante intimidación de parte de sus policías a las familias mexicanas con intención de atemorizarlas y obligarlas a regresar. En el condado de Maricopa, a espaldas del país tolerante y culto que Obama representa, viven entre alambradas cientos de presos a los que el sheriff Arpaio obliga a vestir uniformes rosas y calzoncillos rosas, entre otras medidas degradantes.

La ley aprobada en Arizona pone ahora en primer plano situaciones como esa y aumenta dramáticamente la presión sobre el Congreso para que se apruebe una dificilísima pero imprescindible ley de inmigración. Esta legislación, que representa un gran riesgo político para los congresistas, parecía imposible a siete meses de las elecciones legislativas. Pero en los últimos días la Casa Blanca se ha puesto en contacto con los líderes demócratas en el Capitolio con el fin de conseguir su aprobación cuanto antes. El líder demócrata en el Senado, Harry Reid, cuyo escaño puede ser decidido por los muchos hispanos de Nevada, ha prometido que habrá una ley de inmigración este año.

Duras críticas desde México

El Gobierno de México criticó duramente la ley de Arizona y anunció que se planteará la relación que mantiene con dicho Estado ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes. "La ley (...) afecta a la relación entre Arizona y México y obliga al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona", destacó la canciller, Patricia Espinosa, a través de una declaración oficial difundida por Efe.

Espinosa lamentó que los legisladores que han aprobado la ley no hayan tenido en cuenta la "valiosa e inmensa" contribución de los inmigrantes mexicanos a la economía, sociedad y cultura de Arizona y de EE UU. "La criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la inmigración indocumentada", añadió la canciller, quien aseguró que ante una ley que afecta a los derechos humanos de "miles de mexicanos", el Gobierno de Felipe Calderón "no puede permanecer indiferente". En este sentido, recordó que el Ejecutivo mexicano ha llevado a cabo "diversas acciones y acercamientos a todos los niveles" para transmitir al Gobierno de Arizona las preocupaciones mexicanas "sin obtener una respuesta positiva de su parte". En la declaración se asegura que México utilizará "todos los recursos a su alcance" para defender los derechos y dignidad de los mexicanos afectados y se adelanta que la Embajada de México y los cinco consulados que tiene en ese Estado "redoblarán sus acciones de asistencia, protección consular y asesoría jurídica".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de abril de 2010

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