Los casos de corrupción enlodan el Reino Unido

Las cercanas elecciones generales en Reino Unido, que se esperan para el 6 de mayo, serán distintas a las de los últimos años porque la alternancia en el poder es esta vez posible y porque ninguno de los dos candidatos a primer ministro ha liderado antes a su partido en unos comicios. Pero también porque nunca antes los políticos británicos habían llegado a las urnas tan desprestigiados por las sospechas de corrupción.

Aunque en el centro y el norte de Europa se suele asociar la corrupción política a los países de la ribera mediterránea, la última legislatura ha estado plagada de casos sospechosos también en el supuestamente económicamente puritano Reino Unido. Curiosamente, por unas razones o por otras, los sospechosos de corrupción rara vez acaban enfrentándose a un tribunal.

Las tarifas de tráfico de influencias de cuatro lores estaban en 110.000 euros

"Soy como un taxi listo para ser alquilado", dijo un diputado

Los aromas de corrupción están aún en el aire a orillas del Támesis. Esta misma semana, el primer ministro Gordon Brown ha decidido suspender de militancia a tres diputados y ex ministros laboristas. Dos de ellos estuvieron en el Gobierno hasta hace poco, el ex ministro de Defensa y de Transportes, Geoff Hoon, y la antigua responsable de Sanidad y de Industria, Patricia Hewitt. El también ex ministro de Transportes, Stephen Byers, dejó el Gabinete hace ya algunos años.

Los tres fueron filmados en secreto por periodistas de The Times y de Channel Four que se hacían pasar por representantes de empresas estadounidenses a la búsqueda de influencias en el Gobierno británico para hacer negocios. Los tres cayeron en la trampa y ofrecieron su lado más grotesco: "Soy como un taxi listo para ser alquilado", dice uno. Otros dan cuenta de sus tarifas: 3.300 euros por un día de trabajo. Eso es lo que cuesta pagar a un diputado para que intente convencer a un ministro para que cambie de política y aplique una más favorable a los intereses de los clientes del diputado lobbista.

A ninguno de ellos les va a pasar nada. Sus carreras políticas estaban ya acabadas. La de Byers, hace ya mucho tiempo. Las de Hoon y Hewitt no han hecho más que recibir el certificado de una defunción que ocurrió hace ya unas semanas, cuando se embarcaron en un grotesco intento de golpe de Estado contra Gordon Brown al que no se sumó nadie más.

Ninguno de ellos será tampoco procesado. Primero porque la ley es muy difusa y los diputados tienen derecho a hacer de lobbistas, aunque los ministros no pueden dejarse influenciar por motivos económicos. Y, segundo, porque la tendencia del sistema es a protegerse siempre a sí mismo. En enero de 2009, The Sunday Times tendió la misma trampa a cuatro miembros de la Cámara de los Lores. Lord Truscott, lord Taylor of Blackburn, lord Moonie y lord Snape fueron grabados ofreciéndose a proponer cambios legislativos para beneficiar a sus potenciales clientes, en realidad periodistas enmascarados. Las tarifas de su tráfico de influencias llegaban en esta ocasión a los 111.000 euros anuales.

Dos de ellos fueron castigados políticamente: lord Truscott y lord Taylor fueron suspendidos de la Cámara de los Lores, la primera vez que se da un hecho semejante desde el siglo XVII. Sin embargo, ninguno de ellos fue procesado porque la policía llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes para condenarles.

Algo más de un año antes, en noviembre de 2007, había estallado un escándalo de supuesta financiación ilegal del Partido Laborista cuando se descubrió que había recibido significativas donaciones anónimas ilegales. Pero en mayo de 2009 la Fiscalía de la Corona decidió también que no había pruebas suficientes y dio carpetazo al asunto.

La fiscalía había seguido la misma técnica en un asunto que levantó muchísima más polvareda política: el llamado caso de la venta de distinciones. Afectaba también a donaciones al Partido Laborista, que fue acusado por los medios de recibir dinero de multimillonarios a cambio de prometerles el título de lord. El principal implicado era lord Michael Levy, recaudador jefe del partido y amigo íntimo de Tony Blair. El entonces todavía primer ministro fue interrogado tres veces y la policía tenía la convicción de haber acumulado pruebas suficientes para ir a los tribunales. Pero la fiscalía decidió lo contrario. El Partido Conservador mantuvo en aquellos tiempos un prudente bajo perfil, temeroso quizás de que sus propias cuentas no estuvieran libres de sospecha.

Tony Blair fue protagonista principal de otro escándalo de corrupción, esta vez político-empresarial, destapado en su día por The Guardian: el pago de sobornos multimillonarios por la firma británica BAE Systems a un destacado miembro de la familia real de Arabia Saudí para asegurarse durante años enormes contratos de armamento. Blair intervino públicamente para parar el caso en 2007 alegando intereses de seguridad nacional.

Pero quizás el caso que más influencia puede tener en las elecciones generales de mayo es el de los gastos de los diputados. La publicación en mayo de 2009 por The Telegraph de las facturas pasadas por los diputados para recuperar sus gastos de viaje o de su residencia han desvelado un sinfín de pequeños excesos que afecta a la mitad de la Cámara de los Comunes y a todos los partidos políticos.

Muchos diputados han tenido que devolver elevadas sumas de dinero, aunque otros recurrieron con éxito requerimientos en ese sentido porque el ex funcionario encargado de auditar esos gastos decidió ignorar cuáles eran las reglas en ese momento y prefirió aplicar su propio criterio de qué era apropiado y qué no. Pero, justo o injusto, el asunto ha causado un daño enorme a la clase política, aunque no se sabe muy bien cuál será el verdadero efecto político en términos electorales. Tres diputados laboristas y un lord conservador han sido llevados a los tribunales por violar algo más que los reglamentos parlamentarios al justificar sus gastos.