La obstinación de una alcaldesa

A Alaitz Etxeandia la alcaldía de Lezama le ha agriado el carácter. Es lo que dicen, al menos, los concejales de la oposición y vecinos del municipio, que coinciden en referirse al drástico cambio de actitud de la primera edil desde que accediese al cargo hace casi tres años. En ello han influido los escándalos en los que se ha visto envuelta: la imputación por prevaricación, junto a cinco concejales más del PNV de Lezama, en la construcción del centro cívico municipal; la polémica por el campo de tiro, que tuvo que cerrar en 2009 tras haber funcionado sin licencia durante 22 años, y, sobre todo, el proyecto urbanístico en un solar de su familia.

La revelación por EL PAÍS de que la familia de la alcaldesa cobró 2,2 millones de euros (y tiene pendiente recibir otros 3,1 millones) por la venta de los terrenos a dos constructoras, en virtud de un acuerdo firmado ocho meses antes de la recalificación del suelo para edificar pisos, ha revolucionado este pequeño municipio vizcaíno de 2.400 habitantes.

En octubre aseguró que ignoraba a quién pertenece el solar de su familia

Sin un gran perfil, sorprendió que el PNV la eligiese como candidata

Desde el pasado viernes, cuando este periódico informó del acuerdo suscrito entre el padre, la tía y cuatro primos de la alcaldesa con las constructoras Etxeondoa y Duprocons, en las calles de Lezama es el asunto principal de conversación. Nada hacía presagiar algo similar en 1999, cuando una joven de 23 años se estrenaba como edil del PNV, el partido que ha gobernado Lezama con mayoría absoluta los 30 años de democracia.

Etxeandia (1976), casada y con una hija, era hace 11 años una concejal que no destacaba. Estudió Marketing en el Instituto Politécnico de Derio y trabajó en el centro tecnológico Gaiker. Quienes convivieron con ella en el Ayuntamiento durante sus ocho años como concejal de Cultura recalcan que pasaba desapercibida. En su primer mandato ni intervino en los plenos.

Con ese perfil, supuso toda una sorpresa que el PNV la eliggiese como candidata a la alcaldía en las municipales de 2007. En el pueblo se pensaba más en otros militantes más veteranos. "Creo que la eligieron porque era más manejable", señala un vecino, quien, al igual que otras personas consultadas, asegura que en Lezama mandan "tres o cuatro familias" del PNV.

Una de las más poderosas son los Loroño, dueños de la constructora homónima que ha logrado en el último año todas las adjudicaciones de obras de urbanización en Lezama, por un importe de 8,2 millones. En su último trabajo, la urbanización de la plaza del Ayuntamiento, el consistorio aprobó un sobreprecio de más de 75.000 euros sin informes preceptivos, como advirtió la secretaria municipal.

En sus primeros meses al frente del consistorio, la alcaldesa se reunió con diferentes colectivos y mostró un buen talante. Pero pronto cambió, especialmente al ser cuestionada su labor por la única edil del PSE, Dolores Fernández, -la otra concejal en la oposición, de EB, apenas ha contrariado al PNV- y por grupos sociales, como la plataforma vecinal Lezama Bizirik. "Ha vuelto aceleradamente a las formas más arcaicas del anterior alcalde", Luis Ramón Álvarez, sostiene un miembro de este grupo vecinal. Los litigios en los tribunales por el centro cívico y el campo de tiro -en este caso la denuncia por delito medioambiental se ha archivado-, han terminado por crispar más a la alcaldesa. "Igual es que se ha encontrado con muchos marrones del anterior alcalde", señala Lezama Bizirik.

Etxeandia es consejera de cuatro entidades en función de su cargo de alcaldesa: la BBK (es uno de los 28 representantes de los consistorios en la Asamblea General), BBK Empréstitos, Behargintza del Txorierri y Kartera, la sociedad de inversiones de la Diputación de Vizcaya.

Como es habitual en los responsables de municipios pequeños, no tiene más peso político en el PNV vizcaíno. El polémico proyecto urbanístico de su familia ha sido su obsesión en el último año: ha votado en pleno y comisión hasta tres veces a favor del plan, incumpliendo la ley que prohíbe intervenir a cargos públicos en asuntos familiares. Todo el planeamiento de Lezama fue anulado en junio pasado por el Tribunal Superior.

Los acontecimientos le han ido dejando en evidencia: pese al acuerdo firmado en 2007 con las constructoras en el que participó activamente, según las empresas, el pasado 30 de octubre afirmó, en un escrito municipal: "No constan en el Ayuntamiento los nombres de los titulares registrales de las citadas fincas".