La familia de la alcaldesa de Lezama cobra 2,2 millones por suelo recalificado

El polémico proyecto urbanístico de los familiares de la alcaldesa de Lezama, Alaitz Etxeandia, del PNV, ofrece nuevos datos. El Ayuntamiento recalificó los terrenos para construir pisos después de que su padre, una tía y cuatro primos firmasen un acuerdo para recibir por los terrenos seis millones de euros de dos constructoras, de los que ya han cobrado casi 2,2 millones, según se refleja en un auto judicial. Las dos constructoras con las que se pactó la venta del suelo rechazan pagar los casi 3,1 millones pendientes -la cantidad finalmente pactada se quedó en 5,3 millones- y quieren recuperar los 2,2 millones abonados al haber anulado el Tribunal Superior en junio pasado el planeamiento urbano municipal.

El acuerdo se firmó en 2007, ocho meses antes de ser declarado urbanizable el solar

En estos terrenos, como desde noviembre pasado ha informado EL PAIS , se prevé la construcción de 52 viviendas (40 libres y 12 tasadas) y estaban considerados inundables desde 1993. El PNV gobierna esta localidad de casi 2.500 vecinos por mayoría ablsoluta, gracias a sus ocho ediles, frente a uno de EB y otro del PSE. El consistorio mantuvo dicha calificación de los terrenos en 2002, cuando empezó a revisarse el plan urbanístico municipal, y también en 2006, en la aprobación inicial del planeamiento. Sin embargo, en 2007 el consistorio presentó un informe, pocos días antes de la aprobación del plan urbanístico por el Gobierno, para convertirlos en urbanizables y fue aceptado. La alcaldesa ha votado hasta tres veces para impulsar el llamado proyecto de Txupetxa, pese a que la Ley de Procedimiento Administrativo prohíbe a los cargos públicos intervenir en asuntos donde haya intereses familiares.

El plan urbanístico de Lezama fue aprobado definitivamente en octubre de 2007 -Etxeandia accedió en junio a la alcaldía- y consideraba urbanizable el solar de Txupetxa, de 7.725 metros cuadrados, de los que 5.405 metros pertenecen a la familia de Etxeandia.

El 16 de febrero de 2007, ocho meses antes de la recalificación de los terrenos, sus seis familiares habían suscrito un contrato con dos constructoras para vender su solar por seis millones. Ese mismo día recibieron 646.088 euros y el resto,que se abonaría también en metálico, lo recibirían una vez dispuesto el suelo para la edificación, según confirmaron ayer fuentes de las constructoras.

Al aprobarse el planeamiento, las empresas se percataron de que el terreno no pertenece en exclusiva a los Etxeandia. "Empiezan los problemas, aunque nos dicen que en esos 2.000 y pico metros los sacarían [a los propietarios] de ahí", apuntan dichas fuentes.

Las constructoras aseguran que negociaron con representantes de la alcaldesa, pero que ésta "les daba las directrices sobre el 50% [la mitad de los 5.405 metros que son de su padre]". Otras fuentes señalaron que hubo reuniones con Etxeandia en las propias oficinas del consistorio.

Ante la petición de las empresas para renegociar el acuerdo, los Etxeandia presentaron en 2009 una denuncia en los juzgados reclamando los 5,5 millones pendientes, que es la que ha permitido conocer lo ocurrido. Finalmente, se llega un acuerdo, plasmado en un auto del pasado 2 de julio del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao.

El pacto, suscrito el pasado 3 de abril, supone el pago en metálico ese día a la familia Etxeandia de otros 450.000 euros y 1.085.586 más el 29 de abril. En esta última cantidad se incluye un piso en el barrio bilbaíno de Miribilla, que se valora en 300.000 euros, para uno de los primos de la alcaldesa. Los otros 3.095.212 euros restantes se pagarán en especie: 10 viviendas, una lonja y cuatro garajes del solar de Txupetxa. El acuerdo tiene un plazo: para abril de 2011 el Ayuntamiento tiene que concluir todos los trámites urbanísticos para poder edificar en el solar. En caso contrario, la familia de la alcaldesa debería reintegrar a las constructoras los 2.181.674 euros cobrados, más lo estipulado por daños y perjuicios.

La anulación del plan urbanístico en junio pasado por el Superior, que el Ayuntamiento ha recurrido, volvió a torcer el gesto a los constructoras, que ya renuncian al desarrollo de la urbanización. "Entendemos que las normas subsidiarias no existen", aseguran. En noviembre, enviaron un requerimiento notarial a la familia Etxeandia para que les devuelvan los casi 1,9 millones recibidos en metálico y el piso de Bilbao. No recibieron respuesta, aunque extraoficialmente les comunicaron que el ayuntamiento seguiría con el plan urbanístico, aseguran. La alcaldesa no atendió ayer a los requerimientos de este diario para que ofreciese su versiçón de los hehechos. "No tenemos nada que comentar", se limitó a señalar un portavoz municipal.