Camps desafía al Gobierno y autoriza los derribos en Cabanyal

El Gobierno valenciano pretende ejecutar a toda costa el plan urbanístico que parte en dos el barrio marinero de El Cabanyal en Valencia y no tiene intención de respetar la orden de suspensión emitida el lunes por el Ministerio de Cultura, que dictaminó que el proyecto supone un expolio del patrimonio histórico. La Generalitat presidida por Francisco Camps aprobó ayer por la vía de la urgencia un decreto ley que declara "expresamente" que el plan de El Cabanyal aprobado en 2001 por el Ayuntamiento de Valencia y la propia Generalitat "no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico" del que forma parte el barrio y que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993.

En ese decreto ley, que el Consell considera que "prevalece" sobre la orden ministerial, se deroga la declaración del BIC en aquellos aspectos que entren en contradicción con el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. La Generalitat consagra así la destrucción del núcleo del patrimonio protegido del barrio. La prolongación afectará en total a unos 450 inmuebles y arrasará un centenar de esos edificios en la zona central del BIC partiéndolo en dos. El Ministerio de Cultura considera esa actuación alteraría el conjunto "hasta el punto" de que perdería su razón de ser, "su propio carácter".

El Consell planteó su desafío al Gobierno como un acto de "defensa de los intereses valencianos" frente a una "nueva agresión" y un "brutal ataque" del Ejecutivo socialista, según lo expresó la consejera portavoz, Paula Sánchez de León. El vicepresidente y titular de Medio Ambiente, Juan Cotino, fue más lejos y llegó a situar en un mismo plano la orden ministerial de suspensión del plan y la dictadura de Franco o la abolición de los fueros valencianos por Felipe V.

El ministerio no se pronunció sobre la decisión del Consell y tampoco sobre la posibilidad de impugnar el decreto ley aprobado por la Generalitat para sortear su orden de paralización.