Los médicos, en contra de cobrar por reducir bajas

La nómina le llegó el martes pasado. Con un concepto nuevo. Código 018: "Incentivos IT". La cantidad: 1.754 euros. Este médico de familia madrileño, que pide anonimato, asegura no saber por qué ha cobrado esa cantidad. "Yo he hecho lo de siempre, o sea, dar la baja a quien considero que debe estar de baja y no dársela a quien no". La Consejería de Sanidad madrileña ha pagado con la nómina de diciembre el incentivo pactado con la Seguridad Social para que los médicos de familia reduzcan las bajas laborales. Es la primera vez que, en Madrid, los médicos cobran por este concepto. Y aseguran no haber recibido ninguna información al respecto.

"Parece que Sanidad ha comparado el segundo semestre de 2008 con el mismo de 2007. Es un disparate que no sirve para mejorar el control. Nadie ha cambiado su manera de trabajar porque nadie sabía lo que estaban midiendo", asegura Paulino Cubero, presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc) que ejerce en un centro de salud de la capital. "La corrección de los abusos de la incapacidad temporal (IT) no pasa por pagar a los médicos. Lo que hay que hacer es mejorar el proceso de inspección", afirma el primer médico, que no quiere que aparezca su nombre por miedo a un posible enfrentamiento con los pacientes. "No quiero que venga alguno y me diga: 'Claro, por eso no me quiso usted dar la baja..."

Las organizaciones profesionales están en contra del incentivo. La Seguridad Social ha firmado convenios con varias comunidades autónomas por los que destina una cantidad de dinero a "conseguir la reducción de los tiempos medios de duración" de la IT en 14 patologías. En 2009 dedicó 30 millones de euros a estos convenios, por los que se incentiva a médicos de atención primaria, inspectores médicos y personal administrativo que participa en la gestión de las bajas. Otra parte del dinero, que gestiona cada comunidad, debe ir dirigida a "modernizar y mejorar los recursos informáticos, materiales y de información".

"Este concepto nos parece poco ético y perverso", afirma el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Patricio Martínez. "Al médico nadie le tiene que explicar la gestión de una baja desde un punto de vista administrativo. No entra en nuestro trabajo. Un señor está enfermo o no lo está", añade. En su opinión, "la administración tiene mecanismos de control propios para detectar el fraude". CESM critica también que las negociaciones entre el Estado y las comunidades se hayan hecho de espaldas a los profesionales. "Este incentivo no ha pasado por ninguna mesa sectorial. Los políticos lo han tratado con cierta frivolidad", asegura.

El incentivo "confunde y enturbia", asegura la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), que valora positivamente "el espíritu" del convenio: mejorar la gestión de la IT y conseguir que las bajas duren lo que tienen que durar. "Pero esta forma no es la adecuada. Ni los propios profesionales saben por qué se les está dando el incentivo. El dinero debería dedicarse a proporcionar al médico más capacidad resolutiva. Las bajas se alargan porque hay que esperar pruebas diagnósticas o derivar al hospital", explica.

Los médicos catalanes cobran incentivos por IT desde hace años, explica el director del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, Rafael Manzanera. "Pero nunca se valora la reducción bruta, sino la duración estándar de algunos procesos", afirma. El sindicato Médicos de Cataluña está en contra del incentivo que recoge el convenio con la Seguridad Social, firmado en noviembre. "Conculca el derecho que tiene el médico a decirle a un paciente si necesita reposo o no", asegura.

La Organización Médica Colegial alerta de que un incentivo economicista "puede degenerar en mala praxis", según su secretario, Serafín Romero. "No tiene sentido repartir dinero antes de analizarlo con los profesionales", critica, pero igual que la sociedad médica Semfyc, cree necesario mejorar el control de las bajas, que en España superan la media europea y que presentan diferencias sustanciales entre comunidades autónomas. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (Fadsp) calificó ayer de "economicista y antisocial" la medida.