Cotino reparte 100.000 euros entre quien fomente "una cultura de vida"

El Consell quiere controlar, hasta el último céntimo, el destino de los 100.000 euros que repartirá este año para "el apoyo de la maternidad". Y buena muestra de ello es la orden que regula la distribución de estos fondos publicada ayer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, diseñada a la medida de las entidades antiabortistas.

Entre los requisitos que deben cumplir las organizaciones sin ánimo de lucro solicitantes, Bienestar Social exige que figure en los estatutos "como fin primordial" garantizar y proteger "el derecho a la vida en formación". No sólo ello, también reclama a los posibles beneficiarios "la protección de las madres gestantes que estén decididas a tener a su hijo, así como la protección a la familia". La orden pide que se defienda un concepto tan ambiguo como "la creación de una cultura de vida".

Pero además, la orden se reserva una salvaguarda al exponer que, de no quedar explícitamente recogidos estos principios, también se podrán beneficiar las entidades de las que se pueda desprender "que dichas acciones están entre sus fines". Algo que decidirá la propia consejería.

Las asociaciones deben ofrecer a las mujeres embarazadas "soluciones a los cambios vitales que les supondrá ser madres", "apoyar a las madres cuando el otro progenitor no les dé soporte adecuado", facilitar "asistencia psicológica que permita superar las cargas emocionales" derivadas de la maternidad o prestar información sobre los recursos de los que disponen las mujeres gestantes.

Para la diputada de Compromís Mireia Mollà, estas subvenciones están dirigidas a financiar "entidades de carácter ultraconservador", según denunció ayer. Mollà recordó también la "promesa incumplida" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de pagar 4.000 euros por cada niño nacido.

La publicación de la orden coincidió con la decisión del Consell de aprobar el anteproyecto de ley de Protección de la Maternidad. El vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, -acompañado por los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps- explicó al término del Consell que para los populares, "desde el momento que la mujer está embarazada, ya hay dos personas".

Esta norma es la respuesta del PP valenciano a la reforma de la Ley del Aborto que impulsan los socialistas y el armazón legal de todas las medidas que el Gobierno de Camps pretende desarrollar bajo la marca Programa + Vida. El articulado de la ley, junto a iniciativas destinadas a disuadir a las mujeres de abortar a través de centros de atención a la maternidad, fomenta la creación de redes de voluntariado "para dar apoyo a las mujeres gestantes" e impulsa el acogimiento familiar y la adopción "con el fin de que los hijos puedan desarrollarse en un ambiente familiar alternativo al biológico cuando éste sea imposible".

Cotino aprovechó su comparecencia para cargar contra la difusión de las conversaciones grabadas por orden judicial entre Camps y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez. El titular de Bienestar Social recordó sus tiempos de director general de la Policía para acusar a los socialistas de montar un Estado policial, donde todo el mundo puede ser espiado, y que condujo a situaciones como el GAL.