Los empresarios de la UE que contraten a 'sin papeles' irán a la cárcel

La crisis económica y el aumento del paro han dado el último empujón a la UE para endurecer las penas contra los empresarios que contraten a inmigrantes sin documentos. El Parlamento Europeo aprobará hoy con casi toda probabilidad una directiva que obligará a los Estados a fijar sanciones penales a los empleadores que den trabajo a inmigrantes sin papeles en determinadas circunstancias de explotación y abuso. Los empresarios serán excluidos de las ayudas públicas y subsidios, incluidas las subvenciones de la Unión, durante el plazo de cinco años, según la propuesta.

La decisión del Parlamento será definitiva porque cuenta con el respaldo del Consejo, que aprobó el 23 de diciembre un texto legal con los aspectos esenciales de la directiva. El cambio de posición de Alemania y Polonia fue determinante para su aprobación. Será competencia de los Estados determinar los supuestos en que se incurrirá en penas de prisión. La directiva entrará en vigor en el plazo de dos años.

El Parlamento Europeo estima que cada año entran en la UE entre 893.000 y 923.000 inmigrantes de manera ilegal, según datos relativos a 21 de los 27 Estados miembros. Según la Comisión, unos ocho millones de trabajadores sin papeles se encuentran en situación irregular en Europa, principalmente en los sectores de la construcción, agricultura, hostelería y servicios.

Claudio Fava, eurodiputado socialista, ponente de la directiva, manifestó ayer que "el texto es una forma de proteger a los que tienen que trabajar ilegalmente bajo las bandas criminales". Para el comisario de Libertad, Seguridad y Justicia, Jacques Barrot, "éste es un paso significativo para combatir la inmigración ilegal, al poner en el punto de mira a los empleadores, mientras se trata de proteger a los inmigrantes que a menudo son sus víctimas".

El eurodiputado socialista, Javier Moreno, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, resumió el sentido en que "es una directiva que ataca a los fuertes y defiende a los débiles".

BusinessEurope manifestó que apoya los objetivos de la directiva en la medida en que la contratación de indocumentados puede crear una competencia desleal. Pero la patronal europea expresó su preocupación por el traspaso de la responsabilidad de control de los contratos de las autoridades públicas a las empresas.

Las sanciones penales se aplicarán en los supuestos de que las infracciones sean persistentes. También cuando afecten a menores, estén relacionados con tráfico de seres humanos o estén vinculados de determinadas condiciones de explotación. El diputado de CiU Ignasi Guardans estimó que "las sanciones eran adecuadas y proporcionadas".

Con esta directiva, la UE completa su marco legal en inmigración. En 2008 aprobó la directiva de retorno que permite encarcelar hasta 18 meses a los inmigrantes indocumentados, la carta azul, que promueve la contratación de trabajadores cualificados y la norma que establece los derechos básicos de los inmigrantes.