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Las empresas de teleasistencia se lucran a costa de los usuarios

El Ayuntamiento permite que las concesionarias utilicen un 902 - IU acusa al Consistorio de negligencia

José Blanes tiene 89 años. Vive con Pilar, su mujer, en su casa del barrio de Comillas (Carabanchel), cerca del río Manzanares. Pilar tiene 90 años y apenas sale de su casa. La compra la hace José, que tiene problemas auditivos y "achaques de la edad".

Ha tenido varios ataques al corazón debido a una insuficiencia cardiaca. Por eso, hace cuatro años se dio de alta en el servicio de teleasistencia municipal. Los servicios sociales del Ayuntamiento le instalaron un aparato en su casa conectado al teléfono.

Una especie de altavoz con un gran botón rojo en el centro. José nunca lo ha utilizado para una urgencia. Este servicio lo implantó el Ayuntamiento de Madrid en 2003 para personas mayores y dependientes.

El pasado enero, al comprobar la factura del teléfono, Blanes observó en la hoja azul y verde pistacho de su compañía telefónica que había llamado a un 902.

Su factura, que suele ser muy escueta porque sólo recibe llamadas de sus hijos y apenas usa el teléfono, había engordado. La cantidad no era mucha, unos dos euros de más. Pero le preocupó.

En Madrid hay unas 80.000 personas con teleasistencia. Realizan cerca de dos millones de llamadas al año.

El Ayuntamiento renovó el contrato del servicio de teleasistencia el año pasado. En diciembre de 2007 adjudicó el servicio, que hasta entonces lo realizaba Mapfre, a tres empresas: Teleasistencia, Personalia y Asispa. Y, desde entonces, cientos de usuarios como José pagan, en lugar de 0,07 euros a Teléfonica, el doble (0,14) cada vez que llaman. Tienen que hacer, como mínimo, dos llamadas al mes para comprobar que el aparato funciona correctamente.

Las nuevas empresas adjudicatarias, como Asispa, han cambiado el número con el que los usuarios se ponen en contacto con los servicios sociales. Y, como por ejemplo ocurre en ese caso, aplican tarifas especiales que redundan en su propio beneficio.

Antes era un número normal para llamadas metropolitanas y ahora es un 902. De este modo, y a costa de estos usuarios dependientes, Asispa se embolsa unos 250.000 euros al año.

Tampoco ha habido una información previa a los usuarios, ya que José se queja de que nadie le dijo nada sobre el cambio de tarifa. "Cada vez funciona peor", lamenta. Antes te llamaban una vez al mes para comprobar si el transmisor funcionaba correctamente. Ahora son los usuarios los que tienen que llamar un par de veces al mes para comprobar.

La concejal de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Milagros Fernández, acusó ayer al Ayuntamiento de negligencia. "Modificaron las condiciones del pliego para la cesión del servicio que obligaba a no cobrar por las llamadas y por eso se han aprovechado las empresas", asegura Fernández.

La edil de la coalición de izquierdas considera "ruin" que las llamadas de teleasistencia "hayan dejado de ser gratuitas". Y agrega: "Ni el Ayuntamiento, ni las empresas han informado a los usuarios".

El Ayuntamiento de Madrid ha culpado a las concesionarias del aumento de las tarifas telefónicas. Y les ha exigido una rectificación.

Un portavoz de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid reconoce que antes de diciembre de 2007 no se cobraba más que la llamada metropolitana por el uso de la teleasistencia.

"La Dirección General de Mayores ha contactado con la empresa para que deje de cobrar por llamar al 902", explica el portavoz. Éste precisa que las llamadas de chequeo -para comprobar que el sistema funciona correctamente- son más baratas.

Otro servicio privatizado

El último informe sobre el servicio de teleasistencia, de 2006, eleva a 75.823 los usuarios de este servicio público. Esta cifra ha crecido en los últimos dos años. Otro servicio público que gestionan empresas privadas.

Los usuarios realizaron 2.339.031 llamadas. Junto con este mecanismo, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha un sistema de videoasistencia, sensores de movimientos, detectores de incendio o fuga de gas, sistemas de localización fuera del domicilio y otros adaptados a deficiencias sensoriales.

Sin embargo, estos servicios que se prestan a personas mayores de 65 años y dependientes, se privatizan cediéndolos a concesionarias que ahora tratan de lucrarse. Un 67% de los usuarios ha realizado llamadas al servicio por alguna urgencia.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de junio de 2008

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