Vivienda ultima un pacto con los municipios para impulsar el alquiler

En un momento de clara crisis inmobiliaria, la vivienda pública en alquiler se perfila como un refugio para capear el temporal, y a esa fórmula quiere abonarse el Gobierno vasco. En su empeño debe arrastrar al resto de agentes implicados en la construcción, especialmente los ayuntamientos, muy remisos a volcarse en ese segmento, que sólo les supone gastos. El titular de Vivienda, Javier Madrazo, confirmó ayer que su departamento está ultimando un gran acuerdo con Eudel, la asociación que reúne a los 251 municipios vascos, para dotar de un marco de financiación estable a los consistorios que impulse el mercado de alquiler.

Tras el sorteo ayer en Vitoria de 249 pisos protegidos en arrendamiento promovidos por Vitalquiler (un proyecto de la Vital) y financiados en parte por la consejería, Madrazo reconoció a EL PAÍS la escasa implicación de los ayuntamientos en este mercado, pero aventuró que pronto las cosas van a cambiar. "Estamos trabajando intensamente para dar una cobertura financiera a los ayuntamientos y que se sumen a la promoción de alquiler. Les vamos a ofrecer pronto un paraguas financiero interesante. En estos momentos, el alquiler resulta una vía fundamental" para que algunos colectivos, como los jóvenes, puedan emanciparse.

Sólo se ha levantado el 25% de las 8.500 casas para arrendar previstas hasta 2009

Madrazo eludió precisar las condiciones del pacto y se limitó a indicar que se está estudiando "cómo dar a los ayuntamientos una cobertura atractiva y correr con una parte importante de los gastos, porque se trata de una inversión a fondo perdido". El principal inconveniente de una promoción de vivienda en alquiler frente a los pisos libres o los de protección oficial es que las instituciones no ganan nada, lo que retrae a los municipios.

Lo cierto es que el arrendamiento sigue bajo mínimos en Euskadi, pese a los incentivos del Gobierno. En estos momentos, apenas un 5,2% de las familias vascas vive de alquiler (41.000 en términos absolutos), muy lejos de los niveles de países como Francia y Alemania, y dos puntos por debajo de la media española.

Otro dato que abunda en las reticencias que muestran los ciudadanos y los ayuntamientos al alquiler lo refleja el desarrollo del Plan Director de Vivienda para el cuatrienio 2006-09, que ha pinchado en este terreno. Cuando ha superado su ecuador, Ejecutivo, ayuntamientos y promotores privados sólo han construido 2.084 pisos en esa modalidad, el 25% de los 8.500 previstos hasta 2009. Las cifras de arrendamiento se resumen así: de los 1.200 alojamientos dotacionales, destinados a jóvenes y con carácter rotatorio, que debe construir el Gobierno, ya está levantando el 48%. De los 2.600 pisos sociales ha iniciado el 38%. De cada 100 viviendas que sortea el Ejecutivo, un 46% es de alquiler. Frente a estos números, los ayuntamientos no han hecho ningún alojamiento rotacional (tienen asignados 400), ningún piso de alquiler social (deben levantar 600) y han iniciado sólo el 11% de los 1.750 pisos protegidos que deben destinar a arrendamientos. Los promotores no han hecho nada.

Un portavoz de Eudel expresó su confianza en el nuevo acuerdo de financiación y recalcó que si los ayuntamientos no han hecho más es "por falta de dinero", no por rechazar la filosofía de impulsar el alquiler.