Purga, lapida, silencia

La confirmación esta semana de una nueva lapidación en Irán ha reforzado los temores de analistas y defensores de los derechos humanos sobre la progresiva reducción de las libertades públicas bajo el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad. La ejecución se produce en un clima de restricciones a opositores políticos, prensa reformista, activistas de los derechos humanos, sindicalistas o simples académicos. La creciente presión internacional parece haber puesto nerviosas a las autoridades iraníes que, a pesar del tono desafiante de sus declaraciones públicas, han lanzado una purga interna contra cualquier disidencia real o percibida.

Jafar Kiani murió apedreado el pasado día 5 en la pequeña localidad de Aghche Kand (provincia de Qazvin), a tres horas al oeste de Teherán. Su delito: haber convivido con Mokarrameh Ebrahimi, hace 11 años cuando ambos estaban casados con otras personas. Mokarrameh, que está encarcelada con sus dos hijos, recibió la misma condena y espera su confirmación. Las sentencias por adulterio se produjeron a finales de junio, pero la inmediata movilización de los activistas de derechos humanos influyó para que el juez supremo de Qazvin frenara su ejecución, de acuerdo con la moratoria en las lapidaciones que el jefe del Poder Judicial, ayatolá Mahmud Hachemi Shahrudi, anunció en diciembre de 2002 como resultado del diálogo con la UE.

"El espacio para las actividades políticas se está cerrando", afirma una abogada

Cada vez más iraníes rechazan invitaciones de embajadas extranjeras para no ser señalados

"El veredicto se ejecutó porque era definitivo", declaró el pasado martes Alireza Jamshidi, portavoz del Poder Judicial. Sus palabras daban a entender que la lapidación había recibido el visto bueno del Tribunal Supremo, que debe confirmar todas las sentencias de muerte. Fue un jarro de agua fría para los activistas de Zanan Iran (Mujeres de Irán, www.womeniniran.net), una red de abogados, feministas, periodistas y voluntarios que desde 2003 trabajan para que la decisión política que permitió la moratoria se traslade a las leyes. Otros dos hombres y ocho mujeres se encuentran en un limbo legal tras haber sido suspendidas sus condenas a morir lapidados.

Es la primera vez desde que se adoptó la moratoria en que las autoridades reconocen una lapidación. Aunque los jueces han seguido pronunciando esas crueles sentencias contra los acusados de adulterio, el poder judicial las suspendía. Al menos en teoría. El año pasado, Zanan Iran recibió la denuncia del apedreamiento de una pareja en la ciudad santa de Mashad, al noreste del país. "Mi conclusión es que Mahbubeh M. y Abbas H. murieron lapidados, y que los funcionarios judiciales actuaron por su cuenta", resumió Asieh Amini a este diario el pasado diciembre. En los documentos oficiales figuraban como sendas ejecuciones en la horca.

Para los observadores políticos no ha pasado inadvertido que la lapidación de Qazvi se ha producido en un momento en que aumentan las restricciones a las libertades públicas. Desde el pasado verano, el Gobierno se dedica a reprimir el mínimo gesto de contestación que venga de los sectores liberales laicos, los clérigos disidentes e incluso de los propios reformistas dentro del sistema. Pero también fuera de la política. Sindicalistas, estudiantes, activistas en favor de los derechos de la mujer, minorías étnicas y periodistas han visto restringidas sus actividades con detenciones, acoso o amenazas.

"Desde hace dos años el espacio para las actividades políticas y sociales se ha ido cerrando de forma progresiva", señala la abogada Nasrin Sotoudeh, por cuyo despacho han pasado en este tiempo muchos de los casos de mujeres detenidas. "Con [el anterior presidente Mohamed] Jatamí, teníamos menos casos de mujeres, pero había muchos de periodistas porque éstos eran más activos", concede no obstante. Pero a medida que la autocensura se ha extendido entre los periodistas, el foco de atención se ha desplazado a la sociedad civil.

En el penúltimo incidente, la policía disolvió por la fuerza el pasado lunes una sentada estudiantil para conmemorar el aniversario de los violentos incidentes de 1999 en la Universidad de Teherán, las mayores protestas desde la revolución de 1979 y que marcaron el inicio de la desilusión con Jatamí. A continuación, los agentes asaltaron las oficinas del principal grupo prodemocracia estudiantil, Tahkim-e Vahdat. Al menos 15 estudiantes y la madre de uno de ellos resultaron golpeados y detenidos, aunque las autoridades mantienen su habitual silencio sobre el caso.

Sólo la prensa reformista se arriesga a dar cuenta de este tipo de acciones. Y es que ya antes de que la campaña de moralidad de esta primavera se ensañara con la forma de vestir de las iraníes o la forma de peinarse de los jóvenes, el Gobierno había puesto en marcha otra campaña menos visible, pero más peligrosa, para silenciar a los díscolos. El Consejo de Seguridad Nacional envió una circular a todos los directores de periódicos con una lista detallada de los temas que deben evitar. Desde las subidas de los precios hasta las nuevas sanciones internacionales, pasando por los movimientos de la sociedad civil o la detención de cuatro ciudadanos irano-estadounidenses.

Este caso en particular ha atraído la atención de los medios de comunicación internacionales. Los detenidos, una académica, una periodista y dos miembros de sendas fundaciones, están acusados de espías, cargo que las leyes de la República Islámica castigan con la pena de muerte. Aunque algunas fuentes han ligado el asunto a la detención por Estados Unidos de cinco asesores militares iraníes en el norte de Irak, su situación parece tener más que ver con la convicción de las autoridades iraníes de que Washington está tratando de promover una revolución de terciopelo, al estilo de las que han tenido lugar en varios países de la antigua órbita soviética.

"Están paranoicos", apunta una fuente diplomática occidental, que ha notado cómo cada vez más iraníes rechazan invitaciones de embajadas extranjeras por temor a ser señalados con el dedo. Académicos, profesores universitarios y otros analistas también empiezan a temer hablar con los periodistas.

Para algunos observadores, la sutil represión desatada por el Gobierno de Ahmadineyad es una respuesta a la creciente presión exterior. Las sanciones por el programa nuclear, el aumento de la presencia militar estadounidense en el golfo Pérsico y la convicción de que Washington alienta la revuelta de las minorías que viven en las fronteras de Irán, fomentan una sensación de asedio. En consecuencia, los iraníes se preparan para lo peor: un embargo económico e incluso un eventual ataque militar.

Otros estiman que el presidente está utilizando ese pretexto como cobertura para suprimir a sus rivales políticos. Tras el fracaso electoral en las municipales del pasado diciembre y las crecientes dificultades económicas que afronta el país a pesar de los ingentes ingresos del petróleo, los grupos de influencia que respaldan a Ahmadineyad (sobre todo los poderosos Guardianes de la Revolución o Pasdarán) temen ser desalojados del poder en las próximas elecciones (parlamentarias en 2008 y presidenciales en 2009).