Una letrada relata al tribunal las injerencias del juez suspendido en el 'caso Marbella'

La abogada Inmaculada Galván informó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de las maniobras del juez de Marbella Francisco de Urquía un mes antes de que estallara la Operación Malaya, que dirigía su colega Miguel Ángel Torres. De Urquía pidió a la letrada que retirara la imputación que había solicitado a Torres contra Juan Antonio Roca, cerebro de la trama corrupta marbellí, y se la trasladará a él. El juez aseguró a la letrada que la Fiscalía Anticorrupción no había abierto diligencias -falso- y que se lo denunciara a él con entrega de copia de un testimonio clave.

Francisco de Urquía, suspendido por el Consejo General del Poder Judicial como titular del Juzgado número 2 de Marbella tras abrirse una causa penal contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) bajo sospecha de cohecho y prevaricación, llevaba años en el puesto cuando, a un mes de que empezaran las detenciones de la Operación Malaya contra la corrupción local, decidió que era su momento para investigar a fondo al presunto responsable de la trama, Juan Antonio Roca. Y eso, a pesar de saber que otro juez, Miguel Ángel Torres, ya estaba encima del cerebro de la corrupción marbellí. Torres, titular del Juzgado número 5 de Marbella, investigó a la trama y halló por casualidad las presuntas irregularidades de Urquía, que elevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Según el escrito presentado por Galván, habitual denunciante de las irregularidades urbanísticas marbellíes, a fines de febrero o principios de marzo de 2006 le llamó a su teléfono móvil el juez De Urquía invitándola a su despacho. Sólo faltaba un mes para el estallido de la Operación Malaya. En el juzgado, De Urquía le hizo el siguiente planteamiento, según su informe:

-Que tenía conocimiento de que desde mi despacho se había solicitado en algunas diligencias penales la ampliación de la imputación a Juan Antonio Roca, María Castañón, y Raquel Escobar con base a la declaración que como testigo había prestado Jorge González en las diligencias 3021/2003 seguidas en el Juzgado número 5 de Marbella [el del juez Torres] el 13 de octubre de 2005 en el caso conocido como hotel Guadalpín.

-Que la imputación en cada una de las diligencias penales supondrían un retraso en aquéllas por estar la instrucción casi terminada e impedirían abrir una causa con base a dicha declaración en la que se investigara realmente la intervención de dichas personas en las irregularidades del Ayuntamiento de Marbella.

Si ya era llamativo que Urquía se interesase un año después por la declaración de un testigo de un sumario de un colega y vaticinara su inutilidad, más extraño resultó su oferta de quedarse, en pro de una mayor eficacia, con la investigación de su denuncia presentada ante el juez Torres. Urquía lo argumentó así, según la letrada:

-Que la mejor forma de de proceder era retirar la solicitud de imputación que se había solicitado en otras diligencias penales y formular una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 2 [el suyo] con copia de la declaración de Jorge González para realizar una investigación a fondo de la intervención de dichas personas.

La abogada, que creía en la buena voluntad de De Urquía, le puso una traba lógica:

-En el transcurso de esa conversación se le expuso al juez Urquía que quizás Torres podría haber incoado diligencias mediante testimonio o la fiscalía iniciado diligencias informativas, dado que durante la declaración del testigo, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 había llamado para que acudiera Juan Carlos López Caballero [fiscal anticorrupción] ante la gravedad de los hechos relatados por el jefe de los servicios jurídicos administrativos del Ayuntamiento de Marbella.

El juez De Urquía lo rebatió:

-A ese comentario contestó que no creía que la fiscalía hubiera iniciado ninguna diligencia por la trayectoria que venía planteando en este asunto, sobre todo en los delitos urbanísticos, y que mi denuncia podría servir como soporte legal ante la negativa de la fiscalía a investigar de forma general la actuación presuntamente delictiva de los responsables municipales.

Para acabar de convencer a la abogada de dicha pasividad en el sumario que instruía Torres, De Urquía hizo el siguiente movimiento:

-Realizó una llamada en ese momento a algún responsable de la policía judicial para comprobar si había en marcha alguna investigación.

No consta el resultado de tal llamada. Pero lo cierto es que desde un año antes, tras la declaración del citado funcionario, el juez Torres junto con el fiscal anticorrupción y un grupo selecto de policías venía investigando justo aquello que De Urquía aseguraba que estaba embarrancado en el juzgado vecino.

Galván consideró "extraño" el proceder del juez, pero, por si acaso, le presentó denuncia y solicitó la retirada de la imputación de Roca en algunas causas. Cuando comentó su iniciativa a Torres, este juez "se extrañó de lo que le estaba relatando". Urquía, tras estallar la Operación Malaya, le dijo a Galván que no sabía si archivar su denuncia o derivarla a Torres, que "había tenido muchos cojones de hacerlo solo". Galván nunca tuvo rastro del movimiento de la denuncia que le requirió Urquía.