"Mira lo que me ha hecho"

"Concha, baja, que Asun se está muriendo". Víctor Manuel Martín, El Vicki, acaba de apuñalar a su mujer en el salón de su casa, en Vitoria. Antes de huir, con el cuchillo ensangrentado en la mano, llama a la vecina del primero por el portero automático. Es la una y media del sábado dos de junio.

Cuando Concha y su hija Loli bajan, el homicida está corriendo escaleras abajo, en dirección al garaje. Ellas encuentran a Asun en un charco de sangre, con un ojo morado y la cabeza llena de golpes. Apenas puede respirar. "Mira lo que me ha hecho el desgraciado", dice la moribunda, incrédula, a Loli, una de sus mejores amigas. Tiene sed, pero sus vecinas no se atreven a darle de beber. La Ertzaintza y una ambulancia no tardan en llegar. Los médicos sólo pueden certificar la muerte. María Ascensión Villalba Martín, Asun, que este mes hubiera cumplido 36 años, se convierte en la víctima número 31 de violencia de género de 2007.

El Vicki, de 42 años, gruista de profesión, con antecedentes policiales por robos y otros delitos y consumidor habitual de cocaína, speed y alcohol, se entrega dos horas después. Durante ese tiempo, limpia y lanza a una obra el cuchillo homicida. En la comisaría amenaza a los agentes con suicidarse y es trasladado a la unidad de psiquiatría del Hospital de Santiago. El miércoles pasado, después de confesar ante el juez que había matado a su mujer, ingresa en la cárcel de Nanclares, en prisión preventiva. Según él, se había enfadado por cuestiones de dinero. La música, muy alta, evitó que los vecinos se enteraran de lo que estaba pasando.

Los días posteriores al crimen se convierten en un cruce de acusaciones entre la policía autonómica y los jueces. Asun había denunciado a su marido el pasado diciembre, por maltrato psicológico continuado. La Ertzaintza asegura que los jueces le habían denegado la protección y afirma que había varias denuncias previas por malos tratos, aunque no concretan la información.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Fiscalía se defienden. Explican que en el atestado policial no se indicaba que hubiera denuncias anteriores y señalan que la orden de protección no fue concedida porque Asun renunció ante el juez a cualquier acción civil y penal. Insisten en que no había pruebas para continuar con el procedimiento.

Asun puso la denuncia el 27 de diciembre de 2006. En la comisaría relató que llevaba dos años sufriendo malos tratos psicológicos por parte de su marido y padre de su única hija, Izaskun, de 19 años, que vivía con la abuela materna. Declaró que la convivencia con su marido era "insoportable", sobre todo después de que ella volviera a casa tras una separación y aseguró que desde entonces sufría "continuas vejaciones e insultos". Afirmó que estaba en tratamiento psiquiátrico desde hacía años y que tenía miedo. Dijo que quería marcharse del domicilio pero que temía una "reacción violenta" de su pareja, al que definió como "muy agresivo" y "politoxicómano".

Asun mintió en su declaración. Aseguró que era la primera vez que denunciaba a su marido, y no era cierto. En 2002 ya había interpuesto una denuncia contra él, por lesiones, y había aportado un parte médico, aunque el procedimiento se archivó porque ella no quiso continuar. El pasado diciembre, la Ertzaintza no verificó este dato. La denuncia de 2002 no aparece en el atestado.

Al día siguiente de ir a la comisaría, una vez más, como cinco años atrás, Asun se arrepiente de todo lo que ha dicho. En el juzgado, asistida de abogado, reitera que su marido la insulta y que está en tratamiento psiquiátrico, pero también dice que no le ha pegado, que no tiene miedo y que renuncia "a toda acción civil y penal". Un juez sustituto dicta el sobreseimiento provisional. La Ertzaintza asegura que ella rechazó un teléfono de asistencia y que la llamaron varias veces para ver cómo estaba, a lo que respondió que había superado sus problemas. Cinco meses y medio después, murió asesinada.

¿Se podía haber hecho algo más? Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que se ha personado como acción popular en este procedimiento, junto con la asociación Clara Campoamor, el Ayuntamiento de Vitoria y la diputación de Álava, entiende que sí. "Es un caso paradigmático, porque ella había avisado al Estado de que algo pasaba, aunque luego retirara la denuncia. Una de las piezas clave de la ley es que estos delitos se pueden perseguir de oficio. Al menos debió haberse iniciado una investigación. Deberían haber buscado al psiquiatra que la asistía, a los vecinos, a la familia; tendrían que haber encontrado la denuncia de 2002 y un equipo psicosocial debería haberla examinado. El sistema, en su conjunto, no ha sabido dar respuesta a esta mujer".

Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, se plantea hasta qué punto se pueden imponer medidas contra la voluntad de la víctima cuando no hay más pruebas que su declaración. "Es necesario que el resto de las administraciones, a través de los servicios sociales, por ejemplo, hagan un seguimiento", señala. "La justicia no es la única vía".

Los vecinos dicen de entrada que no sabían nada del calvario de Asun Villalba. Pero acaban reconociendo que "todo el mundo sabía" que había problemas. Loli, una de sus mejores amigas, asegura que soportó durante años insultos y menosprecios. "Ella pasaba meses con depresiones y él ni siquiera entraba a la habitación a ver cómo estaba. Nunca le vi tratarla bien. Sólo la insultaba y le exigía que preparara la comida. Pero, eso sí, cuando salíamos a pasear, a veces nos seguía y la vigilaba. Ella tenía mucho miedo. Se quería separar y no se atrevía", relata la amiga.

La familia, que no desea hacer declaraciones, habla de un maltrato continuado durante 22 años de relación. El matrimonio vivía en el barrio de Sansomendi, en el bajo de unos bloques marrones de pisos de nueve alturas. Es una zona levantada por el Ayuntamiento en los años setenta para integrar a la población gitana. Ella era del barrio de toda la vida, y cuando se casó, se quedó allí con su marido. En el portal en el que murió, el único rastro que queda del crimen es una vela roja frente a la puerta de Asun. Dentro de la casa, una sudadera rosa y una camiseta morada llevan una semana en el tendedero. La dueña no las podrá descolgar.