Por unos pesos más

Hay distintas formas de matar a una persona. Se le puede clavar un cuchillo en el cuello, como le pasó a Alejandra Dehesa. O se le puede destrozar la vida, como le pasó a su marido, un fotógrafo profesional llamado Sergio Dorantes. Quién acabó con Dehesa, no se sabe; quién convirtió la existencia de Dorantes en un infierno, sí. Lo hizo un hombre que ni siquiera lo conocía. Una especie de asesino moral a sueldo que, a cambio de 1.000 pesos mexicanos (unos 70 euros), se inventó el testimonio por el que se dictó una orden de detención contra Dorantes en diciembre de 2003 por el asesinato de su esposa en julio de ese mismo año.

Sergio Dorantes huyó tras el crimen, pero fue detenido hace dos meses en California

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido un informe en el que demuestra, tras una investigación de un año, que el testigo "fabricó una prueba en perjuicio del señor Sergio Alfonso Dorantes Zurita" a instancias de María del Rocío García, agente del Ministerio Público que estaba investigando el caso. El testigo era un mensajero de 22 años llamado Luis Eduardo Sánchez Martínez.

Como dijeron varias fuentes citadas en un reportaje publicado en este periódico el 4 de diciembre de 2005, el supuesto testimonio del mensajero, que juró haber visto a Dorantes salir corriendo del lugar del crimen, era la única prueba remotamente contundente que había contra él. Las mismas fuentes -entre ellas cuatro abogados- señalaron en el mismo reportaje que dudaban enormemente de la veracidad del testigo.

Dorantes, un hombre nacido hace 60 años en una familia pobre indígena, se convirtió en uno de los fotógrafos de más renombre de México. Su trabajo se publicó con regularidad a lo largo de dos décadas en las revistas Newsweek y Time y en el diario The New York Times, y también colaboró con medios europeos como The Sunday Times de Londres, Paris Match, Stern y EL PAÍS. Cuando se le acusó del asesinato de su esposa, de quien se había separado un año antes, Dorantes huyó, pero insistiendo -a través de miles de cartas que ha enviado desde entonces- en su inocencia. Estuvo prófugo más de tres años hasta que, a petición de la Procuraduría (Fiscalía) de la Ciudad de México, la policía estadounidense lo detuvo en California el 20 de febrero. Desde entonces languidece en una cárcel de máxima seguridad cerca de San Francisco, a la espera de que lo extraditen a su país o que la justicia de Estados Unidos lo libere bajo fianza.

Dorantes, con quien EL PAÍS ha estado en contacto en la cárcel, tiene la esperanza de que la información que ha destapado la Comisión de Derechos Humanos sirva para esclarecer el misterio que rodea a la muerte de su esposa y convenza a las autoridades de su país de que abandonen los cargos contra él. Dice confiar también en que el nuevo presidente mexicano, Felipe Calderón, vea su caso como una oportunidad de cumplir una de sus promesas electorales, mejorar el sistema de justicia de su país. Aunque lo que el informe de la Comisión de Derechos Humanos demuestra, igual que otros centenares de casos denunciados a lo largo de los años por organismos como Amnistía Internacional, es que el presidente Calderón se ha propuesto una limpieza de dimensiones hercúleas.

La verdad del caso Dorantes la descubrió un visitador de la Comisión por pura casualidad. El 18 de septiembre del año pasado, el visitador se presentó a un juzgado donde solicitó ver el expediente sobre el asesinato de Alejandra Dehesa. El funcionario le contestó: "¿Cuál averiguación quieres? ¿La primera o la segunda?". El visitador se quedó perplejo. Intuyendo de inmediato que algo olía mal, pidió la segunda, la desconocida.

Lo que ahí descubrió la Comisión fue que la Procuraduría capitalina había llevado a cabo una investigación interna sobre la actuación de la agente María del Rocío García. Según el segundo expediente, el secreto, el testigo Sánchez Martínez se arrepintió de su testimonio inicial y se presentó ante la Procuraduría en diciembre de 2005, donde contó que la verdad había sido que la agente García le había ofrecido "un trabajito". "Necesitaba un testigo" y si se prestaba al juego le pagaría 1.000 pesos. Sánchez Martínez dijo que sí y le llevaron a ver la casa donde se cometió el asesinato -la oficina de la revista Newsweek en México, donde Dehesa trabajaba como secretaria- y le narraron el guión que debía memorizar.

"Tenía que decir que iba caminando por la banqueta y por la puerta chica salió una persona del sexo masculino", aclaró Sánchez Martínez. "Debía decir que era una persona de aproximadamente 1,65 metros de estatura, con cicatrices de acné en la cara y delgado... Además, tenía que dar las características de un vehículo en el que supuestamente se subió esta persona y debía señalar que al ir caminando había chocado con esta persona e incluso debía decir que me había dicho que era un pendejo, haciendo hincapié en que debía decir que este sujeto se notaba alterado".

Después, según transmite el expediente, el testigo arrepentido le contó a la Procuraduría que "lo metieron a la oficina de la agente Rocío, quien le indicó que no diera su domicilio particular, que diera el de su trabajo y que cambiara un dígito de su número telefónico, para que no lo pudieran ubicar".

La Procuraduría solicitó la detención del mensajero, de la agente y de su hermano, también implicado en la presunta trama. Pero un juez rechazó la petición por motivos "técnicos" no aclarados. Los tres siguen libres, mientras que Dorantes, cuyos ahorros se han ido en pagar abogados, sigue en una cárcel californiana que él describe como pestilente y peligrosa.

Podría seguir ahí por tiempo indefinido, víctima de la manifiesta incompetencia, irresponsabilidad criminal y confusión del sistema judicial que lo ha condenado. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un organismo que sí goza de credibilidad, ha recomendado que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investigue la actuación de "los servidores públicos" a cargo de la investigación del asesinato de Alejandra Dehesa, y que no pare hasta descubrir la verdad de los hechos. Lo que ni la Comisión ni nadie fuera de los turbios entresijos de la Procuraduría sabe hasta el momento es por qué razón la agente María del Rocío García decidió inculpar en falso, según todo indica, a Sergio Dorantes.