800 núcleos urbanos en España incumplen la directiva de depuración de aguas residuales

Ochocientas aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes, que suman más de 6,5 millones de personas, entre ellas Vigo, Ourense, Oviedo, Burgos, Úbeda, Algeciras e Ibiza, no depuran, o lo hacen insuficientemente, sus aguas residuales. El problema -que España debería haber resuelto antes de 2006- se ve agravado por las últimas exigencias de Bruselas, que ha declarado zonas sensibles (objeto de tratamientos depuradores más completos) a 288 aglomeraciones más, con 25,5 millones de habitantes. El Gobierno proyecta destinar 17.500 millones de euros a resolver los problemas actuales y los futuros. Expertos en el tema reconocen que las mayores necesidades de depuración se deben al incremento de población y a la galopante urbanización de nuestro territorio.

La Administración central piensa adoptar la 'tolerancia cero' contra los vertidos

La población, a efectos de depuración de aguas, supera con creces los 73 millones

El agua es un bien mal repartido y maltratado en España. Y la situación tiende a empeorar. A los rigores que está imponiendo el cambio climático, se suma el aumento de población (cuatro millones de inmigrantes censados) y la progresiva urbanización de costas y sierras con la consiguiente demanda de agua e infraestructuras.

Pese a los esfuerzos de la administración, todavía hoy 800 núcleos urbanos (entre ellos ciudades como Ibiza, Vigo, Ourense, Badajoz o Úbeda), con 6,5 millones de habitantes, incumplen la directiva europea de 1991, que obligaba a tratar desde diciembre de 2005 las aguas residuales en localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes (la carga contaminante por individuo, calculada sobre la media máxima semanal, que llega a las instalaciones depuradoras). De forma que si la población de hecho en núcleos de más de 2.000 habitantes es 35,4 millones de personas, la población estimada, a efectos de las necesidades de depuración supera los 73 millones.

No sólo ha sido imposible cumplir los objetivos del primer Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, sino que, a medida que se aplicaba, se quedaba pequeño. "Se aprobó en 1995, pero se elaboró entre 1992 y 1993, y en estos 15 años años ha habido un aumento enorme de la población", dice Ángel Cajigas, director general de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA), que participó en la elaboración de ese primer marco legal.

Y un auge tal de la construcción que, en estos momentos, España duplica la media europea en segundas residencias, con 160 por cada mil habitantes. Parte de estas construcciones son explotadas en el marco de nuestra otra gran industria, el turismo. Una población flotante que reclama nuevas depuradoras. "Cuando se redactó el primer plan de saneamiento no vislumbramos la necesidad de otra planta depuradora para Madrid, por ejemplo. Eso sin contar con que muchas estaban ya obsoletas", añade Cajigas.

Y lo siguen estando, a tenor del listado al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que se detallan la mayoría de esos 800 núcleos urbanos con necesidades de nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En esta lista negra figuran cerca de medio centenar de municipios de Extremadura, empezando por Badajoz, y siguiendo por Almendralejo, Logrosán o Zurita; casi un centenar de Castilla-La Mancha, entre ellos Ciudad Real, Tomelloso, Jadraque, Trillo o Calzada de Calatrava; Barbate, Úbeda, Morón de la Frontera y Algeciras, en Andalucía; Escatrón y periferia de Zaragoza, en Aragón. En las islas Canarias figuran amplias áreas de la isla de Lanzarote que incluyen Arrecife y núcleos rurales del Puerto del Rosario; Arenys de Mar, Peralada, Ascó, Granollers y Martorell, en Cataluña. Vigo, Ourense, Sanxenxo y Malpica son sólo algunos de la veintena larga de municipios con deficiencias en depuración de Galicia, mientras Ibiza capital, necesitada de nueva EDAR, encabeza la lista en las islas Baleares. El polígono y el puerto de Sagunto, en la Comunidad Valenciana; Torrejón de Ardoz o la zona oeste de Las Rozas, en Madrid, o Puerto Lumbreras, en Murcia, son otros de los municipios incluidos, junto a una capital, Oviedo (Asturias) y más de un centenar de localidades en Castilla y León, como Sahagún, Medina de Rioseco, Madrigal de las Altas Torres, Pedro Bernardo o Bembibre.

En algunos casos, falta desde siempre la depuradora, en otros, la expansión urbanística ha multiplicado las necesidades. Unas necesidades que no se incluyen entre las exigencias legales que los ayuntamientos plantean a las constructora antes de dar luz verde a una nueva urbanización. Luego, cuando Bruselas llama a la puerta, es difícil encontrar el sitio adecuado y los fondos necesarios para construir la depuradora.

"Los ayuntamientos pequeños no pueden abordar estos costes", reconoce una fuente de la Agencia Andaluza del Agua, una comunidad con el máximo déficit en depuración. Sobre todo si son pueblos dispersos, como ocurre en las soledades de Castilla y León o Aragón. "Para los ayuntamientos son infraestructuras impopulares, porque en zonas donde se consume agua de pozo a un precio irrisorio que apenas llega al céntimo de euro, la depuración eleva los costes hasta los 80 ó 90 céntimos de euro el metro cúbico", dice un experto que exige anonimato.

La peculiaridad insular añade dificultades en Baleares y, sobre todo, en Canarias, donde la escasez endémica ha disparado el precio del agua hasta los 1,63 euros por metro cúbico. "Aquí el problema es enorme, porque el agua que se vierte al mar sin depurar es la que pasa a las desaladoras. Y en esas aguas se han encontrado bacterias presentes en nuestro estómago", dice Antonio Hernández, de Ecologistas en Acción. Hernández cree que las deficiencias de depuración son generales en las islas, "excluyendo la zona del sureste de Gran Canaria y Las Palmas".

Para resolver los amplios flecos del primer plan, y dar respuesta a la necesidades añadidas en las nuevas zonas sensibles, que afectan a 288 núcleos urbanos con más de 25 millones de habitantes, Medio Ambiente prepara un segundo plan de Saneamiento y Depuración (2006-2015), que costará 17.500 millones de euros. Pero, a la vista de la situación actual, ¿qué permite suponer que este ambicioso programa de actuaciones alcanzará sus objetivos en 2015? La respuesta nadie la tiene, pero la Administración, que ha inventariado ya los 18.000 vertidos que se producen en el territorio, tiene un nuevo lema: tolerancia cero para los que realicen vertidos sin depurar.