170 millones de multa a una mina por excavar sin licencia un monte protegido

El todoterreno parece cubierto de polvo, como muchos en Villablino (León), pero de cerca se ve que no es polvo, sino carbón. La montaña parece uniforme bajo la nieve, pero si uno se fija observa enormes bocados en el monte que han cambiado el perfil del valle de Laciana. Son las minas a cielo abierto de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP). El mayor de ellos, el de Feixolín, funciona desde 1995 sin licencia ambiental ni urbanística. Así lo dictaminó hace un año un juzgado, que ordenó al Ayuntamiento multar a la empresa. El alcalde, Guillermo Murias, ya tiene sobre su mesa la sanción: 170 millones de euros, el equivalente al beneficio de la empresa en este tiempo y la mayor sanción jamás impuesta por infracción ambiental.

Al amanecer en Villablino el termómetro marcaba ayer siete grados bajo cero. La nieve cubría las calles y el aire cortaba las orejas. "Esto curte", afirma en su despacho el alcalde, Guillermo Murias, y mira por la ventana al paisaje nevado. Murias, peón minero en MSP hasta 1999, ex líder sindical, metro noventa, barba boscosa, alcalde comunista desde que hace un año una moción junto al PP arrebató la alcaldía al PSOE, tiene sobre su mesa el expediente de Feixolín. "El pliego de cargos lo conocerá mañana la empresa, pero estoy obligado a expedientarla, me lo manda el juez", explica.

Murias da rodeos porque sabe que la decisión es difícil. El juzgado dictaminó en noviembre de 2005 tras la denuncia de un particular que la mina de Feixolín era ilegal, ya que no tenía licencia urbanística ni ambiental. La explotación sólo tenía un permiso de minas claramente insuficiente y ordenó al ayuntamiento realizar "la actividad administrativa necesaria para la suspensión y clausura de la actividad y la apertura de los procedimientos sancionadores".

"La sanción no puede ser inferior al beneficio obtenido por la empresa en este tiempo, según la normativa de Castilla y León", prosigue Murias. Como la empresa esgrimió en un juzgado que sus "margen bruto por día es de 41.126 euros" después de descontar los 15.124 euros de gastos diarios, el ayuntamiento ha concluido que en estos años ha ganado "170.302.776 euros", según Murias. Y esa será la propuesta de multa que reciba. El consistorio tiene previsto enviar hoy a la empresa el pliego de cargos para que alegue en su defensa. Es la mayor sanción en España por una infracción ambiental y urbanística.

Un portavoz de MSP, la mayor empresa privada de minería en España, afirmó ayer que desconocía la cifra y apuntó: "No creo que el ayuntamiento nos ponga una sanción desorbitada, porque sería abocar al cierre a la empresa, que es el motor económico del valle". El portavoz anunció que recurrirá a los juzgados si la multa es millonaria: "Si nos ponen una multa millonaria es que han hecho mal los cálculos. No podríamos pagar 100 millones porque los mineros nos tendrían que devolver los salarios".

Murias sabe que cuando se conozca la multa, los 12.000 habitantes de Villablino, en el valle de Laciana, alzarán las cejas. En abril dictó un auto de cierre de la mina y la empresa retrasó la paga de sus 700 empleados durante dos semanas. Finalmente, el juez aceptó a retrasar el cierre hasta marzo del año que viene, tal y como le pidió la Junta de Castilla y León, y los mineros volvieron a cobrar. "Conozco a los trabajadores y les explicaré que si tienen problemas es por culpa del empresario, que ha tenido una mina ilegal durante 10 años". La mina de Feixolín ha causado la dimisión de un alcalde y una moción de censura contra la alcaldesa del PSOE, que pactó con el dueño de MSP, el leonés Victorino Alonso, la apertura de cinco nuevas minas a cielo abierto.

El pueblo está profundamente dividido. A un lado Antonio Arias Tronco, que tenía una finca junto a la mina. Arias Tronco, hostelero especializado en carnes rojas y bacalao, ha contratado al catedrático de Derecho Administrativo de León Carlos González Antón y ha conseguido la paralización de la mina. Arias Tronco afirma que "el alcalde ha consentido la mina y no tiene ganas de cerrarlo, pero se ha visto obligado". Arias Tronco tiene una finca junto a la mina y afirma que la dinamita les explotaba a 100 metros de su casa y que la Guardia Civil les pedía que se fueran. "Empecé a pedir papeles y me daban largas, pero al final conseguí un certificado que demostraba que no había ninguna licencia", recuerda.

A Arias Tronco se unieron los miembros de Filón Verde, una plataforma de más de 100 personas (la mayoría mineros prejubilados). "La empresa fomenta las minas a cielo abierto, que apenas dan trabajo, porque las manejan pocas personas. A cambio de ese empleo precario esas minas arruinan el paisaje, el agua que llega a los pueblos y el futuro del turismo", sostiene Luis Álvarez, secretario de la asociación. Filón Verde y el alcalde prefieren minas subterráneas antes que a cielo abierto. Los trabajadores defienden estas minas y acusan a los mineros prejubilados de no preocuparse por los jóvenes una vez que ellos tienen asegurada su paga.

La carretera hacia Feixolín, situado a 1.600 metros, atraviesa un antiguo cantadero de urogallo, una especie en peligro de extinción. En la otra ladera han sido avistados osos pardos, también amenazados. En la montaña, las ruedas de los camiones que cargan el carbón superan los dos metros de alto. Camiones más pequeños suben y bajan continuamente cargados con carbón. En un lado una pintada: "Sí a los cielos abiertos". Y no hay metáfora oculta.