Seis de los nueve gobernadores bolivianos rompen relaciones con Evo Morales
El Gobierno boliviano y los poderes regionales de seis de los nueve departamentos del país están enfrentados por un proyecto de ley de fiscalización de la gestión de los prefectos (gobernadores).
Los gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, La Paz, Beni y Pando dieron a conocer una resolución de "rompimiento de relaciones" con el poder ejecutivo, y anunciaron su determinación de "no concurrir a ninguna convocatoria que realice el señor presidente de la República en tanto no modifique la línea gubernamental de vulneración de la ley y desestabilización institucional de las autoridades elegidas por voto popular".
El Gobierno del presidente Evo Morales ha planteado en los últimos días la necesidad de tener un control de gestión sobre las Prefecturas, tras una primera propuesta de nombrar como "coordinadores" a personas de su confianza.
"Sólo con el control del pueblo podemos manejar bien la plata [dinero] del pueblo boliviano, y esa es la fiscalización que se plantea", dijo el sábado Morales en Trinidad, donde participó de los actos conmemorativos de la creación del departamento de Beni.
Los gobernadores anunciaron la adopción de medidas tanto contra el intento de fiscalización como contra la "aplanadora" del partido oficialista, que el sábado aprobó el último artículo del reglamento de la Asamblea Constituyente por mayoría absoluta. Los 137 delegados del Movimiento al Socialismo (MAS), de un total de 255 constituyentes, aprobaron por consigna este polémico artículo, pese a los acuerdos previos existentes.
El principal partido de la oposición, PODEMOS, trabaja con un equipo jurídico para impugnar las resoluciones aprobadas por el MAS en la Constituyente.
