Ante el amparo

La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, constituida por cuatro vocales y el presidente de la institución, Francisco José Hernando, deberá hoy por tercera vez decidir si ampara o no al juez Garzón, acusado públicamente de fabricar las diligencias sobre el informe del ácido bórico y de imputar prevaricadoramente por falsedad a sus autores. En esta ocasión, la mayoría de esta Comisión -los dos vocales propuestos en su día por el PP y el presidente del Consejo, habitualmente alineado con los vocales conservadores- ya no puede poner como pretexto para eludir un pronunciamiento que el juez afectado no ha solicitado el amparo.

Garzón lo ha solicitado formalmente y, por si había alguna duda sobre sus pretensiones, las reiteró ayer en un nuevo escrito al Consejo. Ese amparo lo plantea de manera expresa frente a las imputaciones que le han hecho tres medios de comunicación, que forman bloque a favor de la teoría de la conspiración sobre el 11-M; el diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, propagador entusiasta de la misma teoría; y el vocal del Consejo José Luis Requero, que en una iniciativa insólita y filibustera denunció por su propia cuenta a Garzón, saltándose a la torera la independencia y la imparcialidad a la que le obliga su condición de vocal de la institución.

La iniciativa de Garzón hace todavía más inanes las disquisiciones que han hecho Hernando y algunos vocales sobre si se siente el juez intimidado u ofendido en su honor. Lo que se ha dicho de este juez es algo más grave que un atentado al honor, pues afecta objetivamente a la función jurisdiccional que ejerce. ¿O no afecta a la función, además de insultar al juez, tildarle como han hecho sus acusadores "de torturador nazi", como antes hicieron con Del Olmo al que llamaron "guiñapo humano", "despojo" e "inútil"?

El Consejo debe decidir si señalar públicamente que en la Audiencia Nacional existe un juez prevaricador afecta o no a la jurisdicción como tal -a su credibilidad y a su prestigio- y supone una gravísima perturbación de su independencia en el ejercicio de sus funciones. Dar por buenas las imputaciones delictivas proferidas contra Garzón obligaría, en buena lógica, a que el Consejo las investigara con las naturales consecuencias, bien para el juez, bien para sus calumniadores. El Consejo está obligado, por tanto, a pronunciarse y a responder claramente a lo que le demanda Garzón: si se ha perturbado su independencia y se ha interferido gravemente en su actividad jurisdiccional tanto en el caso del ácido bórico como en el sumario sobre el atentado de Casablanca.