El ex presidente De la Rúa y su ministro Cavallo, procesados y embargados

El ex presidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001) y su ministro de Economía Domingo Cavallo fueron procesados y embargados ayer por un juez federal por presunta administración fraudulenta. De la Rúa y Cavallo son acusados de haber organizado el denominado megacanje de la deuda pública entre mayo y junio de 2001. A cada uno, la Justicia le impuso un embargo de 30 millones de pesos (7,6 millones de euros).

El megacanje fue un trueque de títulos públicos que el Gobierno de De la Rúa propuso a los acreedores en tiempos de la crisis argentina, cuando los mercados temían que la tercera economía latinoamericana cayera en suspensión de pagos. Frente a ese riesgo, el entonces presidente de Argentina y su ministro de Economía -que también lo había sido del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999)- ofrecieron a los inversores el cambio de sus bonos, que vencían en el corto plazo, por otros que se cancelaban sobre todo a partir de 2005, pero con mayor capital y rendimiento. El canje fue aceptado por decenas de miles de bonistas, pero no sirvió para evitar la bancarrota más grande de la historia, que terminó decretándose en diciembre de 2001, seis meses después del megacanje.

Alivio financiero

"Claramente el megacanje produjo un gran perjuicio para Argentina, ya que para lograr un alivio financiero de poco más de 12.000 millones de dólares hasta el año 2005 inclusive, se incrementaron los vencimientos hasta el año 2031 en más de 55.000 millones de dólares", argumentó el juez en el auto de procesamiento. Se calcula que el peso de la deuda se incrementó en un 30%.

"A esto deben sumarse los 150 millones de dólares que, en concepto de comisiones, se pagó a los bancos que fueron designados colocadores principales en esta operación", agregó el juez. Esas entidades fueron JP Morgan, HSBC, Credit Suisse First Boston, Santander, BBVA Banco Francés, Citigroup y el argentino Banco Galicia.

El magistrado también procesó y embargó a los ex secretarios de Finanzas Daniel Marx (por 6,3 millones de euros) y al de Hacienda Jorge Baldrich (por 2,5 millones). "El megacanje implicó la violación de los deberes inherentes a sus cargos (en alusión a los cuatro procesados), por cuanto tales decretos y resoluciones (los del megacanje) fueron firmados a sabiendas de que se generaría un perjuicio para las arcas del Estado, cuyo cuidado les fue confiado por el pueblo argentino", redactó el juez del caso.