El Gobierno interviene las tres cámaras de la Propiedad al entrar en vigor el decreto

El Gobierno vasco confirmó ayer que tres interventores se han hecho cargo ya de las tres cámaras de la Propiedad Urbana, tras entrar en vigor el decreto que las liquida como corporaciones de derecho público. Su publicación el martes en el Boletín Oficial del País Vasco ha puesto en marcha el proceso con la presencia de los funcionarios delegados en las sedes de las tres cámaras y el inicio de las negociaciones para pasar a manos de la Administración vasca el patrimonio de 19 millones de euros y el medio centenar de empleados que suman. La Cámara de Guipúzcoa confirmó que ha recurrido el decreto.

La intervención de las cámaras, pactada por todos los partidos políticos en el Parlamento, abre un periodo de negociaciones entre los anteriores gestores de estas entidades y el nuevo responsable, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales.

De momento, y mientras no se liquiden definitivamente, la prestación a todos los propietarios e inquilinos de los servicios de asesoramiento, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento que las cámaras han venido dando hasta ahora, se seguirán ofreciendo en las actuales instalaciones. Una vez resuelta la división del patrimonio y el traspaso del personal que lo desee al Gobierno vasco -los demás cobrarán una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades-, será el propio Ejecutivo quien los preste. Una situación que podría cambiar si media algún acuerdo de cesión de servicios a eventuales nuevas asociaciones de propietarios que puedan crearse como herederas de las actuales, pero sin ninguna relación con la Administración.

El Gobierno autónomo aprobó el decreto el pasado 31 de enero con más de diez años de retraso con respecto a la aprobación del real decreto que las suprimió como corporaciones de derecho público. Esa normativa data de 1990 y 1994.

Control del gasto

Los interventores -funcionarios delegados- no han entrado con demasiado buen pie. El Departamento de Vivienda citó a los presidentes de las tres cámaras de la propiedad para tratar del tránsito de las entidades a la Administración y comunicarles oficialmente que los órganos de Gobierno quedaban disueltos, pero ni los de Vizcaya y Guipúzcoa se presentaron a la reunión. Tan sólo la presidenta de la de Álava, Isabel Martí, que ha iniciado el camino de la negociación, acudió a la cita. Fuentes de las tres cámaras confirmaron ayer que, sin embargo, y a pesar de la disolución de los órganos de gobierno, los presidentes siguen en los locales. El Gobierno no confirmó si disponen de un permiso especial y transitorio hasta finalizar el traspaso de poderes.

Ayer mismo, los interventores convocaron a las asambleas de trabajadores afectados por el decreto en cada una de las tres provincias, para comunicarles la situación legal que les afecta y los pasos que se van a dar.

Los funcionarios delegados han llegado a las tres cámaras con el mandato de tomar el control de las entidades y garantizar que se preste el servicio a los ciudadanos. Pero también vigilarán para que los fondos de las cámaras se destinen a partir de ahora para el fin que tienen, es decir la defensa de los intereses de los propietarios e inquilinos. Por eso observarán especialmente a la Cámara de Guipúzcoa, la más beligerante contra el Gobierno vasco. El anuncio de que ha recurrido el decreto ha llegado el mismo día de la intervención. El Departamento de Vivienda cree que la resistencia judicial está generando ya unos gastos que los responsables de las cámaras tendrán que aclarar de dónde proceden. El interventor tiene potestad para controlar las cuentas y sólo el podrá autorizar gastos que no sean propios de la actividad de las cámaras, como los que está generando esa batalla legal. Los funcionarios deberán determinar si se han desviado fondos a otras cuentas para correr con gastos destinados a pleitear con el Ejecutivo.

Aunque las tres cámaras anunciaron que iban a impugnar el decreto de disolución, de momento sólo se conocer el recurso de la guipuzcoana. La de Vizcaya anunció el pasado lunes con un inserto publicitario en dos diarios locales que, en caso de aplicarse el decreto, "emprenderá todas las acciones sociales y legales necesarias para poder impugnar dicha norma evitando así un expolio que carece de sentido".

El patrimonio de las tres cámaras suma 19 millones de euros y, según el decreto, se dividirá en dos bloques: el obtenido mientras las cuotas eran obligatorias (entre 1927 y 1989) y el posterior. Ambos pasarán al Gobierno, pero el atribuible a esos 17 años de voluntariedad de las cuotas podrá ser adscrito a asociaciones dedicadas a la defensa, promoción e información de propietarios u usuarios de viviendas urbanas, siempre que se constituyan sin ánimo de lucro. El plazo para solicitarlo será de un año.

El Gobierno espera que la cámara de Vizcaya no cumpla sus amenazas y se avenga a esta vía de la negociación para preparar el aterrizaje de las nuevas asociaciones. Fuentes de Función Pública estiman que entrar en recursos judiciales supone un gasto injustificado, por cuanto el decreto es inatacable jurídicamente. Aseguran que el texto incorpora más de 12 años de jurisprudencia emitida por las más altas instancias judiciales, desde que el real decreto de 1990 del Gobierno central puso en marcha el proceso.