La entidad guipuzcoana adjunta 8.000 firmas a su recurso judicial

La Cámara de la Propiedad Urbana de Guipúzcoa presentó ayer el recurso contencioso administrativo de nulidad que había anunciado contra el decreto del Gobierno que liquida estas entidades en las tres provincias como corporaciones de derecho público. La cámara, que solicita la suspensión cautelar de su aplicación, presentó el recurso con el aval simbólico de las firmas de 8.000 guipuzcoanos que apoyan la decisión de pleitear contra Vivienda. El argumento es que el decreto es "anticonstitucional", aunque más de diez sentencias lo avalan y diversos informes jurídicos oficiales han confirmado reiteradamente la legalidad del texto.

La entidad guipuzcoana entiende que su supresión afecta a tres derechos fundamentales (los de asociación, tutela judicial efectiva y de propiedad) por lo que considera insuficiente un decreto, sino que sería necesario la aprobación de una ley por mayoría absoluta en el Parlamento.

"Ningún interés público"

En su argumentación contra el decreto cita que la Constitución "reconoce el derecho a la propiedad privada y protege a los particulares frente a las extralimitaciones del Estado", que hacen extensivas al terreno de su patrimonio y personal empleado.

En concreto, la entidad sostiene que el artículo segundo del decreto de la consejería de Vivienda dispone que se integrarán en la Administración los empleados de las cámaras que fuesen fijos a fecha del 5 de noviembre de 2002 -unas 50 personas- lo que significa dejar en la calle al 10% de la plantilla.

También opina que la redacción del decreto resulta contradictoria y errónea, ya que no existe ningún artículo que decrete ni la liquidación, ni la interrupción de la liquidación, ni la disolución de las cámaras, al considerarlas, equivocadamente, como ya liquidadas.

A juicio de los recurrentes, el único modo de asegurar la eficacia de una futura sentencia sobre el recurso es la adopción de medidas cautelares, como la paralización de la aplicación del decreto, máxime cuando "no existe ningún interés público legítimo en la supresión de las cámaras".

El recurso apunta que el decreto tiene como principal objetivo "la confiscación" de sus bienes. "El volumen del articulado destinado a la confiscación del patrimonio es mayoritario, lo que da fe de cual es el objetivo prioritario del Gobierno", cita. En su opinión, se vulnera el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a que nadie sea privado de sus bienes.