Los países de la UE deberán informar de su política de inmigración

Los 25 países de la UE acordaron ayer establecer un mecanismo de información previa para que todos estén al corriente de cualquier iniciativa nacional que se tome sobre inmigración legal. Este acuerdo se suscribió ayer a petición de la Comisión Europea y de la presidencia luxemburguesa de turno a raíz del proceso masivo de regularización de inmigrantes abierto por España, y sobre el cual Alemania y Holanda pidieron explicaciones el pasado enero.

España estuvo de acuerdo con la medida y Luxemburgo la tildó como un primer paso hacia una política común de inmigración.

Todos los ministros que acudieron al Consejo europeo de Justicia e Interior celebrado ayer en Bruselas estuvieron de acuerdo con esta medida, a pesar de que, como algunos resaltaron, la gestión de la inmigración legal es un asunto de competencia exclusivamente nacional. Pero una regularización masiva en España "tiene consecuencias en el resto, pues esos inmigrantes pueden luego viajar a Francia o a Alemania", clamó en enero el ministro alemán Otto Schily.

Sus temores han surtido un inmediato efecto en la UE. A la espera de una propuesta concreta de la Comisión Europea, la reunión ministerial de ayer se comprometió a poner en marcha este mecanismo antes de final de junio. Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, se mostró totalmente partidario e incluso aseguró que esa misma propuesta ya la había puesto él sobre la mesa sin éxito en octubre pasado.

Lo paradójico de esta cuestión es que sea Alemania el país que haya favorecido esta medida siendo el país que lleva años bloqueando cualquier iniciativa de política común en inmigración legal en la UE. De hecho, Caldera aprovechó la ocasión para señalar que no debe ser una medida aislada, sino parte de un "enfoque integrado".

Por lo demás, Caldera esgrimió ayer sólidos argumentos para ahuyentar los temores de Alemania. "El inmigrante que logra legalizar su situación nunca va a ir a otro país en el que vivirá en la incertidumbre. El que se mueve en busca de trabajo es el ilegal. El legal, además, no tiene derecho a trabajo en otro país de la UE, sino simple libertad de movimientos", dijo el ministro, que añadió: "Este proceso va a hacer aflorar la economía sumergida, algo que exigen los convenios internacionales". Según Caldera, el número de legalizaciones será de "decenas de miles" y el proceso permitirá ofrecer trabajo decente a los que ahora trabajan ilegalmente.

El ministro luxemburgués de Inmigración Nicolas Schmit advirtió de que la medida no sólo concierne a las regularizaciones, también a cualquier iniciativa legislativa o contra la inmigración clandestina. Schmit reconoció que el mero intercambio de información no sirve de nada en sí mismo, aunque apostó porque éste sea un primer paso hacia una política común de inmigración económica que el comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, está intentando relanzar abriendo un debate sobre ello, lo que también fue bien acogido por Los 25.

El consejo europeo de ministros de Justicia e Interior aprobó también ayer una declaración solemne de apoyo y homenaje a las víctimas del 11-M con motivo del primer aniversario de aquella tragedia. El ministro de Interior José Luis Alonso agradeció el gesto.