La seguridad ciudadana acapara el debate político en el Reino Unido
Laboristas y conservadores británicos parecen querer desterrar la crisis de Irak del centro político y sustituirlo con un tema con más posibilidades: la seguridad ciudadana. Los dos grandes partidos compiten para demostrar quién es más duro con la delincuencia. Mientras el líder tory, Michael Howard, aboga por la "tolerancia cero", Tony Blair ataca el "consenso liberal de los años sesenta", en el que ve la semilla de la irresponsabilidad social, y propone otorgar más poder a la policía.
Tanto gusto por la dureza no deja de estar relacionado con las vísperas electorales hacia las que se encamina el país. Las elecciones están previstas para la próxima primavera, pero algunos analistas especulan con la posibilidad de que Blair se decida a dar un golpe de efecto y las convoque por sorpresa a primeros de noviembre. Tendría la ventaja de coger a la oposición en pañales, ahorrarse el mal trago de ver a George W. Bush derrotado o reelegido -los comentaristas no se ponen de acuerdo sobre qué escenario es peor para Blair- y disponer de un largo semestre para plantearse la convocatoria del referéndum sobre la Constitución europea antes de que empiece la presidencia británica de la UE, en la segunda mitad de 2005.
Sea por razones de mera táctica o de gran estrategia, la seguridad ciudadana parece el terreno elegido por los dos partidos para atraerse al electorado. Blair ha centrado el eje de su política en el combate contra lo que los británicos llaman "comportamiento antisocial": que engloba lo mismo el absentismo escolar, que los graffiti, las peleas al salir del pub, la drogadicción, el maltrato a los animales o tirar papeles, y que cada año le cuesta al Estado 4.500 millones de euros.
Ayer, el Ministerio del Interior publicó un documento de debate en el que propone dar más poderes a la policía para atajar ese tipo de crímenes, incluyendo el derecho a detener a quienes los cometan. En la actualidad, los arrestos están limitados a los delitos susceptibles de ser castigados con penas de cárcel. Los laboristas quieren que la policía pueda detener a cualquier ciudadano que incumpla la ley, poder cachear a cualquier detenido, que con una sola orden de registro se puedan inspeccionar todas las propiedades de una persona o imponer análisis sobre drogas a cualquier detenido y no sólo a los sospechosos acusados.
