Qurei retira su dimisión tras alcanzar un acuerdo sobre seguridad con Arafat
El presidente palestino ordena al fiscal general que investigue las denuncias de corrupción
La crisis de liderazgo palestino, iniciada hace 11 días con la dimisión del primer ministro Ahmed Qurei, concluyó ayer tras un acuerdo alcanzado por éste y el presidente Yasir Arafat, que garantizó a Qurei que respetará los poderes de su cargo de acuerdo a la Ley Básica Palestina -una especie de Constitución- y el control sobre parte de las fuerzas de seguridad. Ambos escenificaron su reconciliación con dos besos en la mejilla y un choque de manos, al tiempo que Qurei agradecía a Arafat "su insistencia en rechazar la dimisión y renovar su confianza".
La crisis ministerial estuvo a punto de dinamitar los cimientos de una frágil Autoridad Nacional Palestina, cuando hace casi dos semanas el caos se apoderó de las calles en la franja de Gaza y amenazó con extenderse por Cisjordania con la misma virulencia.
Ahmed Soboh, viceministro de Información, aseguró ayer que Arafat se compromete a "respetar la autonomía del Ministerio del Interior, como así lo estipula la Ley Básica, así como el control de éste sobre las fuerzas de seguridad que le corresponden". De los distintos cuerpos policiales, Arafat, según un paquete de reformas aprobadas el 15 de mayo de 2002 -cuando se enmendó la Ley Básica para introducir la figura del primer ministro-, deja en manos de Interior el cuerpo de la policía (con 19.000 efectivos y cuyas tareas principales tienen que ver con el tráfico y la delincuencia común); la seguridad preventiva (se estima entre 2.000 y 3.000 los efectivos de este organismo, cuya labor principal tiene que ver con la seguridad interna en los territorios); y defensa civil (cuyas labores son las de Protección Civil en España). Pero bajo el mandato de Arafat continúan las fuerzas de Seguridad General, columna vertebral del poder en la ANP -calificadas por algunos analistas como un cuerpo paramilitar y que cuenta con unos 22.000 efectivos- y los servicios de inteligencia, fuerzas asignadas en la Ley Básica al presidente.
Además, el líder palestino se garantiza el control de las fuerzas a través de la presidencia del Consejo de Seguridad Nacional, que en la práctica abarca todos los cuerpos policiales -incluso aquellos que en teoría responden ante Qurei-, ahora unificados en policía nacional, fuerzas de seguridad públicas y espionaje.
En las próximas semanas, los legisladores palestinos observarán sobre el terreno si este anuncio del rais se queda de nuevo en agua de borrajas -como ya sucedió en ocasiones anteriores en las que Arafat prometió lo mismo- o las reformas comienzan a tomar forma a través de leyes y decretos. Por lo pronto, para agosto se espera una reestructuración del Gobierno, donde una de las carteras que presumiblemente cambiarán será la de Interior, donde Qurei podría situar algún hombre de confianza y retirar el ministro impuesto por Arafat, Hakam Balawi. De producirse, al menos formalmente, las reformas estarán en marcha.
Muchos analistas consideran que será difícil que Arafat asuma estas reformas y ceda su poder, ya que, como decía Daniel Rubinstein en el diario Haaretz hace unos días, "la existencia completa de Arafat gira sólo en torno a su actividad política y ceder poder significa ceder parte de su vida. Continúa mandando a la gente que está a su alrededor, como lo hizo en el pasado, aunque formalmente haya cedido autoridad". Además, todo parece una nueva estrategia del veterano líder palestino para ganar tiempo más allá de las elecciones presidenciales estadounidenses.
En cuanto a la solución para poner freno a la corrupción, Arafat ordenó al fiscal general palestino, Husein Abu Asi, que comience a abrir diligencias en los casos documentados de corrupción, que han ido llegando al Parlamento. A eso se añade un proyecto de ley que el presidente debe sancionar en los próximos días sobre la obligatoriedad de "dar cuenta de la procedencia de los ingresos".
Estas reformas son vistas por la comunidad internacional como necesarias para el avance democrático de la ANP. Sin embargo, con la realidad actual de la ocupación israelí, muchas de las reformas no pueden ponerse en práctica, como denuncian algunos parlamentarios. Ejemplos como la imposibilidad de llevar armas de la policía -pueden ser detenidos por el Ejército israelí- o los límites geográficos impuestos por las fuerzas militares israelíes -no permiten seguir a un posible asesino o ladrón a la fuga más allá de los puestos de control- ilustran estos obstáculos.
