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El Poder Judicial suspende de funciones al juez Ruiz Polanco y le abre otro expediente

El magistrado acumula tres expedientes por cuatro faltas muy graves y una grave

El juez central número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, fue suspendido ayer en sus funciones jurisdiccionales, según acuerdo unánime de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, mientras se tramitan los expedientes disciplinarios por dos faltas muy graves derivadas de la excarcelación del presunto etarra Ibai Ayensa y de haber tardado casi dos años en procesar a los miembros del comando Urbasa, de ETA. La suspensión de funciones, por un periodo máximo de seis meses, le fue notificada al presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, y al propio Ruiz Polanco en la misma tarde de ayer.

Además, la Comisión Disciplinaria abrió un nuevo expediente disciplinario a Ruiz Polanco por la posible comisión de otras dos faltas muy graves. La primera de ellas se refiere a "desatención en el ejercicio de las competencias judiciales" por no carecer el juzgado de Polanco de un sistema de control efectivo de las causas con preso que garantice tanto su tramitación prioritaria como la adecuada vigilancia de los plazos y límites temporales de las situaciones de prisión provisional.

La otra falta muy grave que se le imputa en el nuevo expediente consiste en el "retraso injustificado y reiterado en la tramitación de procesos y causas de su competencia", por las posibles dilaciones existentes en cinco sumarios y en dos diligencias previas.

El nuevo expediente al magistrado suspendido cautelarmente será acumulado al anterior, y mientras se resuelve los casos que tramita actualmente Ruiz Polanco pasarán a su sustituto, el juez Baltasar Garzón. La suspensión cautelar opera mientras se tramitan los expedientes, y por un plazo máximo de seis meses, prorrogable.

Informe del fiscal

Previamente a la decisión de la Comisión Disciplinaria, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, presentó un informe en el que significaba que "una vez examinadas las actuaciones" y a la vista de "indicios racionales de la comisión de dos faltas muy graves", no ponía objeciones a la suspensión cautelar de Ruiz Polanco.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Juanes Peces, al que se encomendó la instrucción del expediente, dejó la decisión sobre la suspensión al criterio de la Comisión Disciplinaria.

Cada una de las faltas muy graves imputadas al juez antiterrorista puede acarrearle las sanciones de suspensión de hasta tres años, traslado forzoso y separación de la carrera judicial. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, expresó su confianza en que el expediente se resuelva cuanto antes.

Además, el magistrado de la Audiencia Nacional ya tenía abierto otro expediente por falta grave de retraso en la instrucción del sumario sobre el fraude del IVA.

El pasado día 8, la Comisión Disciplinaria imputó al juez central número 1 una falta de desatención por el error que hizo posible la excarcelación del presunto etarra Ibai Ayensa, el pasado 23 de febrero. Tras cumplir dos años de prisión preventiva, debía haberse celebrado la denominada vistilla en la que las partes podrían haber solicitado la prórroga de la prisión provisional hasta un máximo de otros dos años. En la fecha prevista para la vistilla, el juez viajó a Pamplona para asistir a la toma de posesión del presidente de la Audiencia Provincial. Al transcurrir el plazo sin celebrarse ese trámite, Ayensa tuvo que ser puesto en libertad. El presunto etarra fue detenido varios días después por orden del juez Baltasar Garzón, que había reactivado un sumario por el intento de colocación de un artefacto explosivo.

El servicio de Inspección también estimó que se había producido una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de dos procedimientos: uno relativo a la tardanza de casi dos años para decretar el procesamiento de los integrantes del comando Urbasa, de ETA, y otro por el retraso en el procesamiento de los miembros del comando Ekaitza, que el fiscal había solicitado en mayo de 2002.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de marzo de 2004