Nixon dio la orden de acabar con el régimen de Allende

El 27 de junio de 1970, Henry Kissinger dejó claro durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad que la democracia chilena era un estorbo para los objetivos de Estados Unidos: "No veo por qué tenemos que permitir que un país se haga comunista tan sólo porque su pueblo sea irresponsable", dijo. Debatían esos días la estrategia para impedir, a cualquier precio, que Allende se instalara en La Moneda, tal y como lo había logrado impedir la CIA en las elecciones de 1964. Pero esta vez era distinto. Allende era muy popular, parecía imparable. Y lo fue, a pesar de la intensa campaña contra él del espionaje norteamericano. La victoria en las urnas el 4 de septiembre acabaría convirtiéndose en su sentencia de muerte, tres años después.

La victoria en las urnas de Allende acabaría convirtiéndose en su sentencia de muerte

La muerte de Schneider inauguró un periodo de asesinatos políticos que no se conocía en Chile

Las directrices para eliminarlo políticamente partieron de la propia Casa Blanca. Richard Nixon ordenó montar una operación clandestina para desestabilizar el país, que debía culminar en un golpe de Estado a manos de los militares de extrema derecha. En el afán del presidente de EE UU por exterminar el comunismo, el socialista que iba a asumir el poder en Chile representaba una amenaza "inaceptable". Así se lo hizo saber Nixon a su receptivo secretario de Estado, Kissinger, y al jefe de la CIA, Richard Helms, cuando despachaban en la Oficina Oval el 15 de septiembre de ese año. "La embajada no tiene que participar. Hay 10 millones de dólares a nuestra disposición, más si es necesario. Plena dedicación, con los mejores hombres que tenemos. Hay que arruinar la economía. El plan tiene que estar listo en 48 horas", anotó Helms. Sus apuntes forman parte de más de 1.500 documentos desclasificados de la CIA que permiten recomponer la trama norteamericana de acoso y derribo contra Allende.

El plan Kissinger lo coordinaría un grupo selecto desde el cuartel general de Langley, a espaldas del Departamento de Estado, y bajo la supervisión directa de Thomas Karamessines, el jefe de operaciones clandestinas de la CIA. En un cable secreto el 16 de octubre, Karamessines trasladó en detalle las órdenes de Kissinger al jefe de estación de la CIA en Santiago, Henry Hecksher: "La política establecida y continuada es que Allende sea derrocado mediante un golpe. Sería preferible que ocurriera antes del 24 de octubre, pero los esfuerzos para lograrlo continuarán pasada esa fecha. Seguiremos ejerciendo las máximas presiones y utilizando todos los recursos apropiados para alcanzar el objetivo. Es imperativo que estas acciones se realicen de forma clandestina y segura, para que el USG [Gobierno de EE UU] y los norteamericanos queden a resguardo. Ello nos obliga a ser muy selectivos al hacer contactos militares"

Contaban con una amplia red de contactos en las filas más derechistas del Ejército, pero el hombre clave, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general René Schneider, les había dado la espalda porque acataba la Constitución. Ese desafío le convirtió en el principal objetivo. Hasta hoy, nadie sabe a ciencia cierta si su asesinato el 22 de octubre de 1970 fue planificado o accidental, al haberse resistido a los secuestradores. De lo que no hay duda es de que "inauguró un periodo de asesinatos políticos que no se conocía en Chile", señala el profesor de la Universidad de Miami, Felipe Agüero, de origen chileno. "Estados Unidos no tuvo una intervención directa pero, creó el clima propicio. Lo hizo de forma perversa. Aunque la situación estaba tan polarizada que con o sin intervención americana hubiera habido golpe".

La CIA confiaba en que el secuestro de Schneider provocara tal caos político que los militares se alzarían y el Congreso abortaría la votación para confirmar a Allende. La conspiración fracasó y Allende fue declarado presidente, pero los planes para abatirle prosiguieron desde tres frentes, político, económico y mediático. En este último la CIA montó una campaña que abarcaba desde la financiación de publicaciones (al menos dos millones de dólares fueron para El

Mercurio) o programas de radio a la ubicación de miles de artículos en distintos periódicos dentro y fuera de Chile (la propia Agencia contabilizó 627 sólo en el lapso de dos meses antes de la toma de posesión, según reflejan los papeles desclasificados).

EE UU recortó la ayuda económica, negó créditos, ayudó a fomentar huelgas en el transporte y la minería y logró en parte que las instituciones financieras internacionales cooperaran en la "opresión" de la economía chilena. Paralelamente, destinaron más de cuatro millones de dólares a la oposición, especialmente al Partido Nacional y a la organización ultra Patria y Libertad. Los militares encabezados por Augusto Pinochet se encargaron del resto.

"EE UU cometió muchos errores en nombre del anticomunismo apoyando a dictaduras, no sólo a la de Pinochet", señala Ambler Moss, ex embajador de EE UU en Panamá y director del Centro Norte-Sur de estudios latinoamericanos en la Universidad de Miami. "Pero todo ha cambiado desde la caída del muro; paradójicamente, el gran símbolo de ese cambio fue el 11 de septiembre de 2001; ese día Colin Powell firmaba la carta de democracia de la OEA. Es una vuelta de página que espero que dure".